València (EFE).- Once de los 26 acusados en la pieza que investiga la contratación irregular de trabajadores en Imelsa y Ciegsa, han relatado en el juicio cómo cobraron sueldos de estas empresas públicas sin haber prestado servicios en ellas.
Así se ha puesto de manifiesto durante la tercera sesión del juicio contra el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus (PP) y otros dirigentes por la contratación de personal en empresas públicas que supuestamente no acudía a su puesto de trabajo sino que desempeñaba otras funciones.
Acuerdo con Fiscalía
La sesión ha arrancado con la declaración de los acusados que han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, todos trabajadores “zombis” de estas dos empresas o beneficiados por ellas, quienes únicamente han respondido a las preguntas del fiscal y de sus abogados.
Entre quienes han reconocido los hechos están los contratados por Imelsa José Estarlich, Miguel Angel Mullor, Raúl Mateo Ángel Balufo, Eva Luisa Sarrión, Óscar Pavón y Salvador Tormo, y los empleados de Ciegsa Manuel Gómez, Antonio Gil y Juan Sanchís.
“Fue una pantomima”
También ha aceptado los hechos el exdiputado socialista en la Diputación de Valencia Raúl Pardos, y el empresario del sector de la comunicación y amigo de Benavent José Adolfo Vedri.
José Estarlich ha afirmado que fue contratado para trabajar en Imelsa por parte de Marcos Benavent pero que todo fue una “pantomima” ya que él se dedicaba a hacer gestiones para Benavent, y ha asegurado haber devuelto los 14.340 euros cobrados.
El futbolista del Olímpic de Xàtiva -club presidido entonces por Alfonso Rus- Miguel Angel Mullor, ha dicho que fue contratado por el propio Rus para trabajar en Imselsa, pero que nunca trabajó allí aunque la empresa pública le pagaba el sueldo de jugador.
Mullor, quien fue eventual en la empresa entre 2008 y 2009 e indefinido entre 2009 y 2010, fue contratado como asesor de Isidro Prieto, pero según ha declarado, no lo conoce “para nada”, y ha asegurado haber devuelto todo el dinero percibido.
Trabajaron para el PP
El tercer acusado arrepentido en declarar ha sido Raúl Mateo Ángel Balufo, quien fue ha afirmado que fue contratado por Emilio Llopis pero no realizó ningún trabajo para Imelsa, y que ha devuelto 67.000 de los 83.000 euros cobrados.
Lo mismo han reconocido Eva Luisa Sarrión, una vecina de Xàtiva que fue contratada en Imelsa pero que nunca fue a trabajar, así como Manuel Gómez, contratado por Ciegsa, tras encontrarse en paro con 60 años y pedir “trabajo a todo el mundo que tenía alrededor”, incluido Alfonso Rus.
“Estuve en Ciegsa a disposición para cualquier cosa, pero me mandaban a trabajar a la sede del PP de Valencia”, ha reconocido, algo que también ha hecho Antonio Gil Monteagudo, aunque en una segunda declaración, solicitada por su abogada, ya que en la primera no había quedado claro que aceptaba las acusaciones.
En su primera declaración, en la que ha respondido a preguntas del fiscal, Gil ha asegurado haber trabajado en Ciegsa como alto directivo y haber ejercido las funciones encargadas, si bien, en una segunda declaración, aceptada por el juez, ha explicado que al poco tiempo de estar en la empresa lo derivaron a trabajar para el PP.
Juan Sanchís también fue contratado como alto directivo por Ciegsa y ha reconocido que cobró por ello pero no realizó ningún trabajo.
Sueldos para compensar deuda
También han aceptado los hechos el empresario del sector de la comunicación y amigo de Benavent José Adolfo Vedri. En su caso, ha dicho que Imelsa se hizo cargo de los sueldos de dos trabajadores de su empresa “La Gráfica”, para compensar una deuda.
Se trata de Óscar Pavon y Salvador Tormo, que firmaron dos contratos con puesto simulado de auxiliar administrativo mientras seguían trabajando en la empresa de Vedri, y que también han reconocido los hechos en el juicio.
Presiones
Por último, el exdiputado provincial del PSPV ha declarado que cometió “el error” de firmar dos certificados en los que constaba que Francisco Javier Cañizares trabajaba como asesor suyo en Imelsa, cuando no era así.
A preguntas del fiscal ha explicado que lo hizo presionado y porque le dijeron que ese trabajador había sido asesor del anterior consejero de la empresa pública, pero nunca trabajó para él en el grupo socialista.
Tras estas declaraciones, la sesión ha quedado suspendida hasta el jueves, cuando se retomará el juicio con la declaración del expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus.
