València (EFE).- El expresidente de la Diputación de Valencia y ex alcalde de Xàtiva con el PP, Alfonso Rus, ha negado haber mediado ni con los funcionarios de la Diputación ni con ningún empresario para la adjudicación de los servicios de atención telefónica (‘call center’) de la corporación provincial.
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia juzga a Rus y otras seis personas por delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, falsedad documental y blanqueo de capitales en relación a las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación de un servicio telefónico de Imelsa entre 2013 y 2016.
Junto a Rus, se sientan en el banquillo de los acusados el exgerente de Imelsa Marcos Benavent -el autodenominado “yonqui del dinero”-, su exsuegro, Mariano López, dos funcionarios de la Diputación y dos familiares.
La vista se ha iniciado con un ligero retraso por los problemas de tráfico que al parecer han encontrado para llegar a València varios procesados, y la declaración de Rus ha dado inicio a las 10.30, en lugar de a las 10 horas, como estaba previsto.
La declaración de Rus
Rus, que sólo ha respondido a las preguntas de su letrado, Emilio Pérez, y del tribunal, ha explicado que las encomiendas de gestión a la empresa pública Imelsa eran habituales en la Corporación provincial, para “ganar agilidad en la contratación de personal”.
“En 2009 ya se hizo una encomienda de gestión a Imelsa para el tema de recaudación y catastro y se presentó la necesidad de cobrar 180.000 recibos del consorcio de residuos. Hablaron conmigo para decir que hacía falta más personal para el cobro, pero Hacienda prohibió entonces la contratación de más personal”, ha explicado Rus.
Según el expresidente de la Diputación, fue el diputado José Manuel Haro quien propuso encomendar la gestión de esos cobros a Imelsa, y “cómo se trataba de un recibo de residuos pero no de recogida de basuras, tenía que haber alguien para explicarlo, alguien que atendiese la llamadas telefónicas”.
“El PSPV, Compromís y el PP votaron a favor de esa encomienda de gestión, todos los diputados menos uno (IU)”, ha subrayado Rus, quien ha insistido en que él no realizó ningún tipo de mediación con el funcionario que dirigió aquel concurso ni tampoco con Mariano López, ex suegro de Marcos Benavent -entonces gerente de Imelsa- a quien la Guardia Civil atribuye el cobro de comisiones.
Rus ha insistido en que él no conocía a nadie de la firma Servimun, la adjudicataria del centro de atención telefónica. “A veces conocía a los responsables de las grandes empresas, pero esto eran 280.000 euros anuales de un presupuesto de 500 millones. Es como tirar una falta desde la defensa”.
Sabía de las quejas sobre el funcionamiento del ‘call center’
Ha admitido que conoció las quejas sobre el funcionamiento del servicio del ‘call center’. “Me dijeron que habían quedado unas 11.000 llamadas sin atender, hablé con el diputado responsable y me dijo que era normal, que se bloqueaba la centralita, que era el primer año y que luego ya no habría problemas”.
Por su parte, el empresario y exsuegro de Marcos Benavent, Mariano López, ha copiado la estrategia de Rus al responder únicamente a su letrado, David González, y ha explicado que él era propietario de una empresa de artes gráficas y presidente de los empresarios de las comarcas centrales socio de otras, pero en ningún caso de Servimun.
“Mi relación con Rus era puramente institucional”, ha insistido López, quien también ha negado ser afín al PP.
En este sentido, ha justificado los cobros que recibió de Servimun -más de 150.000 euros- como servicios de “asesoría externa”. “Es cierto que cobré de Servimun, pero no por la adjudicación, sino a cambio de trabajos”.
López y los audios del disco duro de su exyerno
Sobre los audios que grabó durante años Benavent y que dieron origen a esta causa, López ha reiterado que los encontró en un disco duro que era propiedad de su exyerno en el chalé familiar en el que estuvo residiendo el autodenominado ‘yonki del dinero’ con su hija.
Ese disco duro se quedó en la casa tras la separación de Benavent y su hija porque “mi hija le puso los trastos en la puerta” y entre todas las propiedades no incluyó ese dispositivo.
Tal y como aseguró en calidad de testigo en el anterior juicio, López ha dicho que el disco duro fallaba y empezó a salvar archivos, y que fue así como descubrió los audios.
“Sabía que estaba grabando a gente. Daba por hecho que había chanchullos”, dice López
“Yo sabía, porque me lo decía él, que estaba grabando a gente. Daba por hecho que había chanchullos. El ordenador era mío, pero el disco externo no. No pedí permiso a Marcos para sacar esos audios”, ha admitido Mariano López.
Preguntado por los motivos por los que no se detalla en la causa la existencia de ese disco duro, este procesado ha insistido en que él explicó todo el proceso de obtención de los audios tanto a la Fiscalía como a la Guardia Civil. “Nadie me solicitó que lo aportara, al revés, me dijeron que me olvidara de él”.
Posteriormente, Mariano López se reunió con la dirigente de IU y actual consellera de Participación, Rosa Pérez Garijo, y le mostró esos audios, con los que pretendía apuntalar sus acusaciones de corruptelas respecto de Marcos Benavent.
“Llevé el pendrive -con los audios- para que lo escuchasen, no para entregarlo. Pero el asesor de Rosa Pérez lo volcó a su ordenador”, ha agregado.
Asimismo, López ha admitido que quiso “hacer daño” a Benavent con la difusión de esos audios que halló en el disco duro.
Contradicciones sobre el disco duro
Ha dicho también que se encontraba en posesión del mismo en el momento en que los audios fueron entregados a la Fiscalía, una afirmación que ha motivado la petición de las defensas para que se señalasen las contradicciones respecto a lo declarado en el anterior juicio, donde dijo -en calidad de testigo- que había destruido aquel disco.
El fiscal se ha opuesto a esta petición y la Sala la ha considerado inapropiada, de modo que no ha sido aceptada.
Igualmente, el fiscal ha pedido a la Sala que se reprodujese la declaración de Mariano López en fase de instrucción, específicamente en lo relativo a las afirmaciones que hizo sobre su relación con Servimun y sus cobros de esta empresa, ya que las considera totalmente contradictorias con lo explicado este martes en el juicio.
El acusado ha dicho que él no cobró de Servimun nada por la adjudicación del ‘call center’, pero ha aclarado que sí posteriormente.
