València (EFE).- La Sección Segunda de la Audiencia de Valencia ha condenado al expresidente de la Diputación de Valencia y ex presidente provincial del PP Alfonso Rus a cinco años de cárcel en una de las piezas del denominado caso Imelsa, la referida a los trabajadores zombis, que cobraban sin trabajar.
Según la sentencia, a Rus se le condena por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental y a pagar, de forma solidaria con otros condenados, en concepto de responsabilidad civil 356.554 euros a la empresa la empresa pública de la Generalitat Ciegsa y 57.325 a la empresa pública de la Diputación Divalterra (sucesora de Imelsa).
En la misma causa se ha condenado a Máximo Caturla (ex secretario autonómico de Educación) y Marcos Benavent (exgerente de Imelsa y autodenominado ‘yonqui del dinero’), ambos también a 5 años de prisión por los delitos de malversación y falsedad documental.
La Sección Segunda de la Audiencia de Valencia comenzó el pasado 23 de enero y finalizó el 13 de marzo el segundo juicio del caso Imelsa, que analizó la contratación supuestamente ilícita de asesores contratados por las empresas públicas Ciegsa e Imelsa que cobraron sin trabajar, los denominados trabajadores zombis.
De los 25 acusados en este caso, once reconocieron haber cobrado de estas empresas sin haber prestados servicio efectivo en ellas.
Absueltos 6 de los 25 acusados
La sentencia condena a 19 de los acusados por las irregularidades en contrataciones de directivos, asesores y trabajadores de ambas empresas públicas y absuelve a seis, entre ellos, el exportavoz socialista en el Ayuntamiento de València y exsubdelegado del Gobierno en Valencia, Rafa Rubio, que absuelto de los delitos de malversación, prevaricación y falsedad que le atribuían.
El resto de condenas que se impone a los otros acusados van desde los cuatro meses de suspensión de empleo o cargo público hasta los 4 años y 4 meses de prisión y 17 años y 6 meses de inhabilitación.
Al exjefe de gabinete de Rus Emilio Llopis, como autor penalmente responsable de un delito de falsedad se le condena a la pena de un año de suspensión de empleo o cargo público.
Además, a Rus, Benavent, Caturla y Emilio Llopis se les absuelve del delito de pertenencia a organización criminal, y a los tres primeros se les condena, además de a 5 años de prisión, a una multa de 18 meses e inhabilitación especial para cargo o empleo público.
Atenuante de dilaciones indebidas para Rus y el resto
La sentencia detalla que se ha tenido en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas para fijar el marco punitivo del concurso de delitos.
“Esto permite optar por penas relativamente próximas al mínimo. Para lo cual, se ha considerado además que los acusados no obtuvieron directamente un lucro personal”, señala el fallo, que detalla que, sin embargo, no puede contemplarse la mínima pena “debido al significativo importe total de los fondos sustraídos y, particularmente, a la importancia de los cargos públicos que los acusados”.
A Benavent además se le condena a pagar (en forma solidaria con otros acusados) a Divalterra 155.035 euros en concepto de responsabilidad civil por los contratos laborales, 56.648 euros por las retribuciones variables indebidamente cobradas y 21.002 euros por las dietas indebidamente cobradas.
Por su parte, a Caturla se le condena a pagar a Ciegsa, de la que fue gerente, la cantidad de 655.310 euros en concepto de responsabilidad civil.
La resolución, que notificada este viernes a las partes, aprecia para todos los condenados la atenuante de dilaciones indebidas y puede recurrirse ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia.
