Alicante, (EFE).- Los partidos de la izquierda en el Ayuntamiento de Alicante, el PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem, y también Vox, han exigido este miércoles la dimisión del alcalde de la ciudad, Luis Barcala, del PP, para asumir sus responsabilidades políticas por las irregularidades en la adjudicación de viviendas públicas protegidas (VPP) en la Playa de San Juan.
En sus intervenciones en el pleno extraordinario y monográfico en torno al escándalo, que se ha saldado con varias dimisiones, entre ellas la concejal de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, la socialista ha justificado la petición de dimisión en estar «bajo sospecha» en este supuesto caso «de corrupción».
Por Compromís, Rafa Más, se ha dirigido a Barcala como «el todavía alcalde» y le ha instado a dirigirse al juzgado para declarar lo que sabe en torno a las irregularidades y Manolo Copé (EU-Podem) ha asegurado que lo sucedido «no es un error puntual» sino la aplicación «consciente y voluntaria del modelo de vivienda del PP» y ha concluido exclamando «váyase».
Vox, con el que gobierna el PP, también pide su dimisión
A la petición de dimisión del alcalde del PP también se ha adherido Vox, partido en el que se apoyan los populares en el consistorio, que gobiernan en minoría a falta de un concejal para la mayoría absoluta.
La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha instado a Barcala a que aclare cuándo supo que la concejala de Urbanismo era adjudicataria antes de concluir que debe asumir sus responsabilidad «y tiene que dimitir», igual que lo había pedido previamente la socialista Barceló, que ha acusado al PP de «chanchullos», en un escándalo sobre el que, varios días después de destaparse, «sigue habiendo más dudas que certezas».
«No ha habido igualdad y sí privilegios, no controles y sí corrupción y negocio de los de siempre» en una zona, la Playa de San Juan, donde las viviendas del mercado libre rondan en torno al medio millón de euros y se han adjudicado a los allegados por unos 200.000.
La socialista ha señalado que esta legislatura es la del «pelotazo de la vivienda», ha insistido en que Barcala es el máximo responsable político en un caso donde «hay demasiadas preguntas sin respuestas» ante la posibilidad de que hubiera información privilegiada para la elección de los adjudicatarios, y le ha exigido que aclare si hay más personas cercanas al PP beneficiarios ya que «Alicante no merece esto».
Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha recalcado sentir «vergüenza» por lo sucedido y ha afeado al primer edil de no haber aportado información.
«No es un error puntual sino el modelo de vivienda del PP»
Ha conminado al alcalde a ir a los juzgados a pedir la expropiación forzosa en perjuicio de los que se han llevado una vivienda irregularmente y también a que se ponga a disposición judicial porque Alicante es una ciudad con alquileres a más de 1.000 euros y con «precios imposibles» para la compra.
En su turno, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha afirmado que lo sucedido no es un «error puntual» sino «la aplicación consciente y voluntaria del modelo de vivienda del PP» en un caso que coloca a la ciudad en «la vergüenza nacional».
Ha señalado que los herederos políticos de los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo «se han repartido» las viviendas públicas con la ayuda del anterior gobierno autonómico de Carlos Mazón, de quien ha dicho que relajó los requisitos en su etapa en el Consell valenciano, y ha afirmado que el alcalde debe asumir responsabilidades políticas.
El alcalde pide disculpas
Por su parte, el alcalde de Alicante ha pedido públicamente «disculpas» por el «escándalo» en torno a la adjudicación de las VPP y ha jurado que no se detendrá hasta que sean para las personas que las merecen.
Así lo ha afirmado en el pleno extraordinario sobre este caso, en una tensa sesión en la que ha asegurado que no tenía conocimiento de las supuestas incompatibilidades hasta la pasada semana, y que cuando se enteró ordenó un expediente de averiguación de hechos para aclarar la situación.
Barcala ha sostenido que cuando termine la investigación en curso exigirá que «quienes ilegítimamente hayan adquirido la vivienda, la pierdan», al ejercer el derecho de retracto por fraude de ley.
«Yo no sabía que (la concejal de Urbanismo) Rocío Gómez se había adjudicado una vivienda en Les Naus, ni del resto de implicados», ha recalcado el alcalde, quien ha declarado que comparte con la oposición que lo sucedido le parece «repugnante e indignante».
Barcala, que no se ha pronunciado por la petición de dimisión pedida por los grupos municipales, ha reiterado que va a aclarar si se han falseado documentos para ser adjudicatarios de la VPP y ha añadido que se indagarán los ingresos declarados y la situación patrimonial de los 140 beneficiarios de la promoción para, en su caso, ejercer el referido derecho de retracto.
Dimite un cargo de la Generalitat por este asunto
El jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Miguel Ángel Sánchez, ha decidido renunciar a su puesto a raíz de la polémica por las presuntas irregularidades en la concesión de viviendas públicas de Alicante, aunque ha asegurado que no tiene ninguna vinculación con la promoción.
Fuentes de la Conselleria de la Generalitat Valenciana han asegurado a EFE que Miguel Ángel Sánchez ha presentado un escrito a la consellera en el que mantiene que no tiene ninguna vinculación jurídica, patrimonial ni administrativa con la promoción de vivienda protegida de Alicante, y que fue adjudicada a una persona ajena a su responsabilidad profesional.
También hace constar en el escrito que no ha intervenido directa ni indirectamente en ningún procedimiento relacionado con esa adjudicación, que pertenece por completo al ámbito privado de terceros.
Además, explica que, en una decisión estrictamente personal y ante el contexto mediático que se ha generado en los últimos días, ha decidido renunciar a su puesto tras regresar de la misión institucional que la Generalitat desarrolla hasta este domingo en China.
El motivo, según argumenta, es «la creciente exposición mediática en torno a este asunto, así como el impacto personal» que está teniendo sobre sus hijas menores y su entorno familiar».
