Alicante (EFE).- El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Alicante, del PP, ha anunciado este martes que prohibirá a sus concejales, cargos y personal de confianza concurrir a los procesos para adquirir una vivienda de protección pública (VPP).
Este anuncio se produce dos semanas después de que se destapara las supuestas irregularidades en la adjudicación de parte de las 140 VPP de la promoción Les Naus en la Playa de San Juan, que ha provocado la dimisión de la concejala de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, al ser una de las beneficiarias, y de una directora general municipal, cuyos dos hijos y un sobrino también resultaron adjudicatarios.
El anuncio se ha conocido por un comunicado unos minutos después de que concluyera la rueda de prensa semanal del vicealcalde, Manuel Villar, y la portavoz municipal, Cristina Cutanda, del PP, sin que ninguno de los dos se refiera a esta novedad pese a haber contestado a numerosas preguntas de los periodistas en torno a la actualidad del escándalo de Les Naus.
En la nota, Villar ha señalado que «en los próximos días se dará forma» a la restricción para los concejales, cargos de confianza y personal municipal y ha continuado que la media será extendida «a otro tipo ayudas municipales abiertas a toda la ciudadanía».
«Este equipo de gobierno», ha indicado el vicealcalde, «está firmemente comprometido con la transparencia y estamos reforzando los controles para que las ayudas lleguen a la ciudadanía sin ningún tipo de sospecha”.
Ha recalcado que es una iniciativa “ambiciosa, que ningún ejecutivo local había adoptado hasta el momento en el ayuntamiento de Alicante» ya que no recuerda «que el tripartito de izquierdas adoptara medidas de este calado, aunque también es verdad que no hizo una sola vivienda pública, ni ellos ni el Botánic de Ximo Puig».
El PP espera que todos los grupos se sumen
«Los cargos públicos, así como los asesores, reúnan o no los requisitos para acceder a una vivienda protegida, no podrán aspirar a la misma”, ha insistido Villar, quien confía en que «el resto de grupos municipales se sumen».
En la rueda de prensa de la junta de gobierno, Villar ha afirmado que si alguien ha adquirido una de las 140 viviendas públicas de la Playa de San Juan con la intención de especular «que pierda la esperanza» ya que se impedirá que se vendan a un precio superior, y ha asegurado que el ayuntamiento actuará para «desposeer» de la VPP al propietario que la haya comprado ilegalmente y también ejerciendo el derecho de tanteo y retracto.
Ha admitido que desconoce si es el ayuntamiento u otra institución la que debe incoar una posible revocación de la adjudicación pero ha insistido en que si no fuera el consistorio, éste sí urgirá a que tenga la potestad e, incluso, se personará en el proceso.
Sobre el cruce de datos de los adjudicatarios con la plantilla de funcionarios, ha dicho que el resultado se envió a finales de la pasada semana a la Conselleria valenciana de Vivienda y ha comentado que ha habido resultados con nombres y apellidos «muy comunes» que, «por prudencia», hay que estudiar para evitar «generar culpabilidades» erróneas a funcionarios. En todo caso, ha calculado que la Generalitat aclarará la situación en las próximas horas o días.
De la petición de la oposición de constituir ya la comisión de investigación, Villar ha manifestado que la intención es «lo antes posible».
Elche se suma al veto de VPP para cargos políticos y altos responsables
El Ayuntamiento de Elche impedirá el acceso de políticos, asesores y altos cargos a las viviendas públicas que se construirán dentro de un programa municipal denominado Casa Fácil, una iniciativa con la que se prevé poner en marcha alrededor de 250 viviendas de protección pública para hacer frente al déficit habitacional de la ciudad.
El Consejo de Administración de Promociones e Iniciativas Municipales de Elche, SA (Pimesa) aprobará de forma provisional la adjudicación de los lotes 1 y 2 del programa, lo que permitirá iniciar el proceso para la construcción de las primeras promociones en el municipio, ha anunciado el alcalde, Pablo Ruz (PP).
«Este acuerdo supone el pistoletazo de salida a un proyecto clave para paliar el problema de la vivienda en Elche”, ha señalado Ruz, quien ha destacado que el gobierno municipal de Elche (PP y Vox) ha reforzado el procedimiento con cláusulas específicas, controles adicionales y garantías desde el inicio del proceso para evitar cualquier uso indebido de la vivienda pública.
«Nuestro objetivo es que estas viviendas lleguen únicamente a quienes realmente lo necesitan y no a personas a las que no les corresponde», ha afirmado.
Entre las limitaciones establecidas, quedarán excluidas aquellas personas que ya dispongan de una vivienda en propiedad, quienes no cumplan los requisitos legales o intenten acceder mediante información falsa o fraude, así como los concejales de la corporación, asesores, altos cargos municipales y miembros de Pimesa. “Si algún asesor se inscribiera, se le cesaría de manera inmediata”, ha advertido.
Entre otros, todas las personas interesadas deberán firmar un documento específico de incompatibilidades, con el fin de garantizar la ausencia de conflictos de interés. A ello se suma la puesta en marcha de un canal de denuncias confidencial para detectar posibles irregularidades durante el proceso de adjudicación.
