València (EFE).- Representantes de dos de las principales asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 han asegurado que no les mueve ni el «odio» ni la «venganza» sino la justicia por unas muertes creen «evitables», y han pedido al PP que deje de proteger al expresident de la Generalitat Carlos Mazón.
Así lo han afirmado las presidentas de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez, y de la Associació Víctimes de la Dana 29 d’Octubre de 2024, Mariló Gradolí, en su comparecencia este martes ante la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre las inundaciones.
En la segunda sesión dedicada a las asociaciones de víctimas ha comparecido también Rubén Gisbert, de la asociación ‘Solo el pueblo salva al pueblo’ y que representa a ocho familias en la causa judicial de esta tragedia, y ha anunciado que ha presentado una querella contra la jueza de Catarroja que instruye la causa para que la aparten por haber permitido que su marido la sustituya en la práctica de diligencias.
«No buscamos venganza, sino justicia»
La primera en comparecer ha sido Rosa Álvarez, quien ha afirmado que su organización no busca «venganza» sino «justicia», y ha asegurado que 230 personas no murieron «por un hecho meteorológico imprevisible» sino por la «negligencia» del Gobierno valenciano, que «solo tenía que hacer su trabajo y, al menos, mandar la alerta a tiempo y con un contenido acorde al riesgo».
«Si buscáramos venganza nuestro proceder sería otro muy distinto», ha señalado, aunque sí ha criticado el maltrato que han sufrido por parte de la Generalitat durante estos meses; ha destacado que la reparación a las víctimas no debe ser únicamente económica, y ha advertido de que «la dignidad de quienes murieron no se compra».
Tras lamentar que se haya tardado más de un año en permitir que las asociaciones de víctimas comparezcan en Les Corts, ha exigido que Carlos Mazón «pague por su incompetencia» porque no solo es «un mal político», sino «una mala persona y un desalmado», y ha reprochado al PP que siga protegiéndolo y escondiéndolo en el escaño 98 del hemiciclo, en lugar de exigirle el acta.
No habrá normalidad mientas se proteja a Mazón
En la misma línea, Mariló Gradolí ha asegurado ante la comisión que «no habrá normalidad» mientras se siga «protegiendo al principal responsable de la muerte de 230 personas», Carlos Mazón, y ha asegurado no estar aquí «por odio», sino «por responsabilidad, porque detrás de cada cifra hay una familia y detrás de cada decisión no tomada hay una consecuencia».
Ha pedido a los diputados no «buscar a responsables abstractos» ni «diluir responsabilidades en una niebla administrativa», al tiempo que les ha instado a «investigar qué falló el 29 de octubre y que no vuelva a repetirse» y ha destacado que lo que falló ese día «tiene responsables políticos».
Gradolí ha destacado que el día de la dana «había información» sobre el episodio meteorológico, pero no hubo «voluntad política de poner a las personas en el centro», y ha denunciado que el expresident estaba «de copas mientras el pueblo se ahogaba» y que quince meses después el Consell «continúa igual», pues no ha habido «una asunción real de responsabilidades».
Querella contra la jueza
La última comparecencia durante la sesión matinal ha correspondido a Rubén Gisbert, quien protagonizó un vídeo en el que se ve manchándose los pantalones de barro antes de un directo para un programa televisivo, y que ha dicho que acude a la comisión en representación de las ocho familias a las que representa en la causa judicial.
Tras explicar todas las acciones que realizó los días posteriores a la dana a través de su asociación ‘Solo el pueblo salva al pueblo’ para llevar ayuda a los damnificados, ha señalado que se ha querellado contra la jueza que instruye la causa de la dana.
La querella, a la que ha tenido acceso EFE, pide «apartar inmediatamente a la jueza» y declarar la nulidad de la instrucción por considerar que ha cometido «faltas muy graves», por «la implicación de delitos» y por «falta de imparcialidad y obstrucción» al haber permitido la práctica de diligencias por terceras personas, en concreto, su cónyuge.
Asimismo, pide que se suspenda cautelarmente a ambos de la carrera judicial, y que se realice una evaluación psiquiátrica de la magistrada para «esclarecer si su actuación y comportamiento responde a dolo o de encontrarse mentalmente incapacitada para el ejercicio de sus funciones».
El PSPV y Compromís han criticado que Gisbert haya ocupado un espacio en esta comisión y han dudado de su credibilidad por considerarlo un «oportunista», mientras que el PP y Vox han defendido que no se ha vetado a ninguna asociación que ha querido comparecer «de manera voluntaria y libre» y «poner voz a las víctimas».
