València (EFE).- La jueza que instruye la causa penal sobre la dana ha acordado no admitir a trámite los incidentes para recusarla y declarar la nulidad de las actuaciones presentados por un acusación particular, al considerar que es «un fraude procesal» para intentar apartarla con «toda clase de argumentos burdos e inconexos» y un «memorial de agravios».
Así lo expone la jueza Nuria Ruiz Tobarra en un auto contra el que no cabe recurso en respuesta al escrito del abogado Rubén Gisbert, quien en la dana protagonizó un vídeo en el que se ve manchándose los pantalones de barro antes de un directo para un programa televisivo, que pidió su recusación por «falta de imparcialidad y obstrucción», entre otros delitos.
En el auto facilitado este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la instructora afirma que es una petición de recusación en un escrito «carente de sentido alguno», sin fundamento, que constituye «fraude procesal», no cumple los requisitos formales y «no se identifica ninguna de las causas legales».
El escrito del letrado «rezuma desprecio, no solo profesional, sino una inquina personal» hacia la jueza
El escrito del letrado «rezuma desprecio, no solo profesional, sino una inquina personal» y una «absoluta animosidad» hacia la jueza, expone el auto, además de ser «una mezcolanza de ideas» que sitúan en «una realidad paralela, procesal y fáctica, en la que se obvian principios básicos del ordenamiento procesal» y el objetivo principal es que desaparezcan todas las actuaciones procesales.
La instructora afirma que el letrado de esta acusación (de la asociación ‘Solo el pueblo salva al pueblo’ y que representa a ocho familias en la causa judicial de esta tragedia) actúa como si fuera una defensa, quizá por la «rendida admiración que profesa» al abogado que defiende a la exconsellera de Interior e imputada en esta causa, Salomé Pradas, y que la sitúa a ella como responsable «de toda ristra de delitos en una enumeración sin fin».
Falta de respeto a las víctimas
Ruiz Tobarra le acusa de «falta de respeto» a los familiares de las víctimas mortales al pretender que vuelvan a contar «el calvario que sufrieron» y que se haga «tabla rasa» en la instrucción, mientras por otra parte ha pedido la prórroga, y asegura que esa voluntad de «dinamitar el procedimiento», que no es propia de una acusación, «choca con la simple aplicación de la ley».
La jueza reivindica que está llevando a cabo «una amplia instrucción» y cuestiona la «escasísima asistencia, presencial o telemática» del letrado a las numerosas declaraciones testificales, que han superado el medio millar, así como el «magro resultado» de su actuación en el proceso.
Afirma que «es comprensible la frustración profesional» de Gisbert por «su nulo éxito en las únicas pretensiones que ha formulado», pero no «que se torne en un torrente de descalificaciones, a cada cual más gruesa» hacia la jueza, en un «absurdo escrito» en el que llega a aludir a su estado mental, algo propio de «regímenes totalitarios».
