València (EFE).- El grupo de Vox de Les Corts Valencianes ha registrado una propuesta para que esta cámara inste al Gobierno valenciano, presidido por el PP, a pedir al central que garantice la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales, los servicios públicos y los programas de vivienda, y repatrie a todos los inmigrantes ilegales.
Vox, que ha presentado esta propuesta a la mesa de Les Corts como proposición no de ley de tramitación especial de urgencia, pide la derogación del decreto que regula el reconocimiento de la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de los extranjeros que no tengan su residencia legal en España.
También reclama modificaciones normativas del sistema de la Seguridad Social para asegurar que las prestaciones y pensiones de naturaleza no contributiva «quedan reservadas a los españoles», así como que no se preste asistencia jurídica gratuita a los extranjeros en los asuntos relacionados con procesos de expulsión.
Prioridad nacional sobre los «extranjeros» que «erosionan el estado de bienestar de los españoles»
Entre las propuestas, se encuentra «la remigración» de los extranjeros que, «por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el estado de bienestar de los españoles», y establecer la prioridad nacional para acceder a una vivienda social o protegida, a bonificaciones fiscales diferenciadas o cualquier tipo de ayuda relacionada con la vivienda.
Aboga por impedir que los inmigrantes ilegales hagan uso del sistema sanitario, salvo casos vitales o de emergencia, y por derogar el decreto que regula la atención sanitaria pública a extranjeros sin residencia legal en España, así como por poner fin al proceso de regularización de inmigrantes.
Otro de los puntos hace referencia a asegurar que las prestaciones y pensiones de naturaleza no contributiva quedan reservadas a los españoles y, sobre la asistencia jurídica gratuita, pide que la insuficiencia de recursos económicos se determine no solo por los ingresos del solicitante en España, sino también por su patrimonio y rentas radicadas en el extranjero, y en cualquier caso, no prestar asistencia jurídica gratuita a los extranjeros en los asuntos relacionados con procesos de expulsión.
En el escrito, presentado por el portavoz y portavoz adjunto del grupo Vox, José María Llanos y David Muñoz, respectivamente, se refieren a la «profunda crisis» en que se encuentra el estado de bienestar por «la deficiente gestión de los sucesivos gobiernos» y por «un problema aún mayor, la inmigración masiva y descontrolada».
El «fomento de un proceso de inmigración masiva» y el «deterioro de la seguridad ciudadana»
«Los sucesivos gobiernos del bipartidismo han optado no ya por tolerar, sino por fomentar un proceso de inmigración masiva» que «ha tensionado hasta extremos insostenibles» los servicios públicos, además de causar «el deterioro de la seguridad ciudadana y la quiebra de las condiciones básicas de orden y convivencia», afirma.
La propuesta apunta al aumento de la criminalidad «desde la llegada de Pedro Sánchez» al Gobierno, y alude a que concurre, además, una emergencia habitacional que «agrava este escenario».
«Quienes con su esfuerzo contribuyen al sostenimiento del Estado han sido injustamente igualados, cuando no postergados, en el acceso a unos servicios públicos que son fruto de su propio trabajo y sacrificio», afirma en el texto.
Para Vox, las normas del Gobierno sobre el acceso al sistema de salud de los inmigrantes sin residencia legal en España y la ley de extranjería tienen un propósito electoral.
Asimismo, destaca el acuerdo de gobierno en Extremadura que ha incorporado expresamente el ‘principio de prioridad nacional’ en el acceso a ayudas sociales y vivienda, un acuerdo que «aspira a servir de modelo para toda España».
