València (EFE).- La Fiscalía Provincial de Valencia ha pedido al juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana que estime el recurso de apelación formulado por el expresident de la Generalitat Carlos Mazón contra el auto del pasado 31 de marzo por el que la instructora denegó su personación en la causa.
El Ministerio Público apoya así la pretensión del expresident de personarse, tener acceso a la causa y poder intervenir en la misma, según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia valenciano.
La jueza denegó inicialmente la petición de Mazón en un escrito en el que subrayaba su condición de testigo y negaba que su pretensión tuviese cabida en el derecho procesal español (sí en el francés pues se trata del ‘testigo asistido’, según argumentó la instructora).
La instructora señaló en su respuesta a la petición de personación que este hecho únicamente podría basarse «en la voluntad de Mazón de reconocer la participación» en los homicidios y lesiones imprudentes, o en el hecho de que al declarar como testigo -aún sin fecha- tiene «la obligación de decir verdad» y estime que eso «implica ineludiblemente la asunción de responsabilidades penales».
«La protección del derecho de defensa permite extender su aplicación a quienes gozan de aforamiento»
El objeto del recurso interpuesto por el letrado de Mazón giraba en torno a la interpretación del artículo 118 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal, concretamente en relación al ejercicio del derecho de defensa por una persona aforada no investigada respecto de la que presuntamente se han practicado, o están pendientes de realizarse, diligencias de investigación de cuyo resultado podría conseguirse información concerniente a su actuación en la gestión de la emergencia.
Expone el fiscal en su escrito, al que ha tenido acceso EFE, que «aunque el precepto nombra concretamente a diputados y senadores aforados ante el Tribunal Supremo, la protección del derecho de defensa permite extender su aplicación a quienes gozan de aforamiento ante los Tribunales Superiores de Justicia y no requieren de suplicatorio», como sucede en el caso de Mazón, que posee un acta de diputado en Les Corts Valencianes por el PP.
La jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha requerido a alcaldes de las zonas afectadas para que aporten sus conversaciones con miembros del Consell y ha ordenado diligencias orientadas a recabar la facturación telefónica y mensajería del personal más cercano a Mazón.
Ahora, «el fiscal interesa la estimación del recurso de apelación a los efectos de que se acepte la personación de Carlos Mazón como parte en el presente procedimiento, y, por ende, de que tenga la posibilidad de tener conocimiento de las actuaciones procesales», concreta el escrito de la fiscalía.
Maribel Vilaplana, ante la comisión del Congreso el 18 de mayo
Por otro lado, la periodista Maribel Vilaplana y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, comparecerán el próximo 18 de mayo ante la comisión del Congreso que investiga la dana del 29 de octubre de 2024 en Valencia.
Así lo ha decidido este jueves, en una reunión mantenida a puerta cerrada, la Mesa de la comisión que trata de esclarecer lo ocurrido en la tragedia, en la que fallecieron 230 personas, según han confirmado a EFE fuentes de la comisión.
Vilaplana, que comió ese día en el restaurante El Ventorro de Valencia con el expresident de la Generalitat Carlos Mazón, será interrogada a las 11.00 horas de la mañana por los diferentes grupos parlamentarios.
La periodista testificó en noviembre de 2025 ante la jueza que investiga la causa en Catarroja (Valencia) y dijo que durante ese almuerzo con Mazón el político estuvo comunicado, escribiendo mensajes en su móvil y atendiendo llamadas durante su almuerzo.
También explicó que el expresident no mostró prisa y que durante la comida ella rechazó una oferta de trabajo para el canal À Punt.
El presidente de la Confederación del Júcar, también en la comisión del Congreso
Por su parte, Miguel Polo responderá a las preguntas de los parlamentarios del Congreso también el 18 de mayo, pero en la sesión de las 15.00 horas.
Polo testificó también ante la jueza de Catarroja por la gestión técnica del organismo de cuenca. Ante la magistrada indicó que no hubo falta de información hacia la Generalitat y que hasta en dos ocasiones solicitó al Cecopi que se alertara a la población.
En diciembre de 2025, la Audiencia de Valencia confirmó la decisión de la jueza de denegar su citación para declarar como investigado por considerar que no se le podía culpar de que los directores de la emergencia no emplearan los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica.
El pasado febrero, el Partido Popular le señaló en la comisión de investigación en el Senado como «responsable político» de las muertes en el barranco del Poyo durante la dana.
