Madrid (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado forzar a la Delegación del Gobierno a desalojar la acampada por el derecho a la vivienda de la Puerta del Sol, como solicitaba de manera cautelarísima el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso.
Aunque, en opinión de la sección sexta de lo Contencioso, «concurren circunstancias de especial urgencia», la decisión no puede adoptarse «con las debidas garantías sin oír previamente a la Administración General del Estado», según afirma en el auto dictado este lunes.
Sin entrar al fondo del asunto, el tribunal tiene en consideración «la eventual afectación del derecho de reunión de las personas efectivamente acampadas» y «la irreversibilidad de las consecuencias» que tendría acceder al desalojo instado por el Gobierno madrileño, con posible utilización de «medidas de compulsión física» por parte de las Fuerzas de Seguridad si no accediesen a abandonar la acampada.
Los magistrados consideran que la «tan real posibilidad» de que el desalojo incluya dichas medidas de «compulsión física sobre las personas acampadas» exige poder contar con el criterio, alegaciones y motivos de la Delegación del Gobierno, pero acorta al próximo miércoles, a las 9:00 horas, el plazo para que presenten su escrito, «dadas las concretas circunstancias».
«Constituirá el último recurso»
En su argumentación, aluden también a la necesidad de que actuaciones como la solicitada, es decir el desalojo, sean proporcionadas y citan la ley de seguridad que recoge que las medidas de intervención para mantener o restablecer la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones serán «graduales y proporcionadas a las circunstancias» que «la disolución de reuniones y manifestaciones constituirá el último recurso».
Para pedir el desalojo, el Gobierno de Díaz Ayuso señalaba que la Delegación del Gobierno se había negado a ordenar a la Policía Nacional que actuara frente a lo que consideran una «ilegal ocupación del espacio público» y acusaban a esta institución de no haber actuado tampoco para proteger la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo madrileño, de daños en la fachada, ni la estatua del Oso y el Madroño.
También esgrimía el Gobierno regional madrileño como motivos para desalojar la acampada el perjuicio que esta genera al turismo y al comercio, la falta de condiciones de higiene o la alteración de los actos programados para celebrar el 12 de octubre.
La Comunidad de Madrid interpuso este recurso tras enviar un requerimiento al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, donde le recriminó su «inacción» y darle un plazo de 48 horas para desalojar la plaza.
El delegado del Gobierno respondió que estaban «desarrollando las actuaciones que resultan procedentes» y que la acampada muestra «pleno respeto al ordenamiento jurídico».
Delegación del Gobierno insta a respetar el derecho de reunión
La Delegación del Gobierno en la región ha considerado positiva la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de rechazar el desalojo de la acampada por el derecho a la vivienda de la Puerta del Sol solicitado por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, a la vez que ha reafirmado su compromiso con la seguridad ciudadana y el respeto al derecho fundamental de reunión.
Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid han señalado que la ley es clara y dice que las medidas de intervención deben ser graduales y proporcionadas a las circunstancias, y que la disolución de reuniones y manifestaciones constituye el último recurso.
El criterio que guía los pasos de la Delegación del Gobierno en Madrid es «prevenir riesgos, proteger a las personas y el patrimonio y garantizar la convivencia y el ejercicio de los derechos, especialmente el de reunión».
«Ninguna presión política puede sustituir los requisitos que exige la ley para limitar un derecho fundamental», ha resaltado la institución que dirige Francisco Martín.
La Delegación del Gobierno en Madrid ha instado al Gobierno de Ayuso a respetar las «garantías» constitucionales y asumir sus responsabilidades para ofrecer soluciones a quienes reclaman una vivienda digna.
