València (EFE).- El PSPV-PSOE ha presentado en el Tribunal Constitucional un recurso de amparo con la finalidad de que el dictamen de la comisión de investigación sobre la dana desarrollada en Les Corts Valencianes, aprobado en solitario por PP y Vox el pasado 17 de junio, quede sin efecto.
La portavoz de Emergencias del grupo socialista en Les Corts, Alicia Andújar, ha explicado que este recurso presentado su formación detalla las «irregularidades» cometidas durante la comisión parlamentaria de investigación y la aprobación de su dictamen.
Andújar detalla que, en su escrito, los socialistas solicitan que se restablezcan los derechos vulnerados y se deje sin efecto una actuación parlamentaria que «no puede tener cabida en una institución que representa la voz del pueblo valenciano, y en consecuencia, la memoria de las 232 personas que murieron ahogadas».
«Les Corts Valencianes están para esclarecer lo sucedido y para exigir responsabilidades, y no vamos a permitir que el Partido Popular y Vox utilicen Les Corts como escudo político para borrar la responsabilidad de Mazón y al Consell del Ventorro», ha manifestado la diputada socialista.
Andújar ha afirmado que el dictamen de la comisión de Les Corts sobre la dana es «ilegal es intolerable» y ha avanzado que su formación llegará «hasta el final» y utilizará todas las vías jurídicas y parlamentarias a su alcance para conseguir que ese documento quede sin efecto y sea eliminado del Diario de Sesiones de Les Corts».
«Frente a los intentos de imponer una versión que encubre a Mazón, nuestra obligación como representantes del pueblo valenciano es defender la verdad, la dignidad de las víctimas y el derecho de toda la sociedad valenciana a saber qué ocurrió y por qué», ha concluido la socialista.
El dictamen de Les Corts sobre la dana
El dictamen con las conclusiones de esta comisión parlamentaria, de 126 páginas, critica las «deficiencias» en la información meteorológica e hidrológica transmitida durante la emergencia y la falta de ejecución por el Gobierno central de infraestructuras hídricas en zonas de riesgo.
Sobre el papel la Generalitat, únicamente habla de «una falta de dirección a la hora de exigir, contrastar y reclamar de forma constante información actualizada sobre la evolución hidrológica de los barrancos y caudales que estaba en posesión de la Confederación Hidrográfica del Júcar».
Con este documento, aprobado con los votos a favor del PP y Vox y el rechazado de la oposición, se cerraba la investigación parlamentaria de esta tragedia que causó 232 muertes, en una comisión abierta a finales de enero de 2025 y tras celebrar doce sesiones en las que se escuchó el testimonio de 32 personas -un tercio de las recogidas en el plan de trabajo aprobado por el PP y Vox-.
Entre los testimonios recogidos no figura el de la exconsellera de Interior Salomé Pradas ni el de su ex número dos, Emilio Argüeso, ambos investigados en la causa judicial abierta por esta catástrofe
