València (EFE).- El Ministerio Fiscal ha reducido de cinco a dos años y seis meses su petición de pena de prisión para los once activistas de Greenpeace que participaron en 2021 en una protesta en el puerto de Sagunto (Valencia) contra un buque cargado de gas, una rebaja debida a «un error» en la aplicación de un Código Penal no vigente.
La Fiscalía ha reconocido una equivocación en el escrito de acusación y ha explicado que la petición inicial de cinco años de cárcel se enmarca dentro de la Ley Orgánica 14/2022, que entró en vigor el 12 de enero de 2023 -dos años después de los hechos- y que modificó el delito de desórdenes públicos, creando un nuevo tipo agravado, por lo que ha rectificado y ha solicitado una pena de dos años y seis meses, atendiendo a la anterior ley.
El juicio, que se ha celebrado este miércoles en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Valencia número 8 y que se ha alargado más de nueve horas con dos recesos, ha comenzado sobre las 10:20 horas con la declaración de una decena de testigos, entre ellos seis agentes de la Guardia Civil, representantes de la compañía Marítima del Mediterráneo y de la Planta de Regasificación de Sagunto y dos periodistas.
La acción en Sagunto
Los hechos se remontan al 26 de octubre de 2021, cuando el barco Esperanza de Greenpeace bloqueó la entrada del buque Merchant, procedente de EEUU, con 138.000 metros cúbicos de gas licuado, junto a cuatro lanchas neumáticas que pintaron la frase «NO + GAS» en el lateral del casco, mientras que un ecologista se encaramó al ancla del barco para ejercer resistencia, una protesta que provocó que el gasero Merchant accediese 12 horas después al puerto.
La Fiscalía ha admitido que no fue una acción violenta, pero ha argumentado que en el juicio de hoy «ha quedado acreditado» que se cometió un delito de desórdenes públicos y que «se excedió de una mera protesta pacífica», ya que actuaron en un grupo coordinado y que el hecho de haberse realizado en un puerto, que presta servicios esenciales, «ya supone en sí una alteración del orden público».
Los once activistas encausados, que han comenzado a declarar sobre las 14:35 horas, han defendido que fue una protesta pacífica dentro de su derecho a manifestarse por el medio ambiente y que no tenían intención de causar perjuicio a otros buques o a la navegación marítima, sino que «solo era una medida para llamar la atención de los gobiernos para que hicieran algo por el medio ambiente».
Una protesta «que no se sale de la norma»
El que era el capitán del barco Esperanza en el momento de los hechos ha negado que esta manifestación reivindicativa se planeara, sino que, según su relato, se encontraron con el gasero y decidieron actuar con la intención de «llamar la atención», al igual que ha declarado el voluntario español que decidió colgarse al ancla del barco «para ayudar».
El simpatizante ha señalado que, aunque se enteró de lo que iban a hacer «sobre la marcha», estaba conforme con realizar esta iniciativa y decidió amarrarse al ancla con un candado de bicicleta hasta que la Guardia Civil le liberó, ya que, ha expresado, él había perdido la llave, algo que les transmitió a los agentes.
Otro de los encausados, que ha asegurado que ya había participado en muchas otras protestas de Greenpeace antes de la de Sagunto, ha incidido en que esta «no se sale de la norma ni del estándar de protesta pacífica que tiene habitualmente la organización» y que el objetivo era «poner en riesgo lo mínimo posible».
Distancia de seguridad
Los ecologistas, de ocho nacionalidades distintas, algunos de ellos miembros de Greenpeace y otros voluntarios y simpatizantes, han reiterado que colaboraron con las autoridades, y que las interacciones con los agentes de la Guardia Civil fueron «cordiales y respetuosas».
El que fue jefe de máquinas en el momento de los hechos y una marinera que trabajaba para Greenpeace, ambos también acusados, han manifestado que, aunque no estaban involucrados en la toma de decisiones, estaban de acuerdo en participar en esta acción y se sintieron «cómodos» con ella.
Asimismo, la marinera de la organización ha recordado que las lanchas neumáticas «estaban para pintar y tomar fotos, pero no para cambiar las maniobras del barco» y ha indicado que no fue peligroso acercarse al Merchant porque mantuvieron una distancia de seguridad «cómoda y segura».
«Miedo y ansiedad por la condena»
La defensa de Greenpeace ha defendido que no se ha alterado ni quebrantado la paz pública de forma «penalmente relevante», ha recordado que la organización ya afrontó una multa administrativa de 160.000 euros y ha advertido: «Estamos en Europa. La protesta de Sagunto estaba protegida por los artículos 10 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos».
En esta línea, los letrados han señalado en su informe final que la Fiscalía «sigue mezclando la legislación» y ha afirmado que el Código Penal vigente en el momento de los hechos solo refrenda el delito de desórdenes públicos cuando «existe violencia o intimidación sobre las personas o cosas», por lo que han solicitado su absolución.
En su alegato final, uno de los acusados españoles ha puntualizado que el error cometido por el Ministerio Fiscal en su petición de pena les ha generado a los activistas, durante años, «un miedo y una ansiedad que nadie les va a devolver».
Preocupación de Greenpeace por la nueva legislación
En declaraciones a periodistas a la salida del juzgado, la abogada de Greenpeace, Inés Díez, ha manifestado que se alegran de que el ministerio Fiscal haya reconocido «su error, que no se puede aplicar a unos hechos cometidos en el año 2021, un delito modificado en el año 2023 y que tiene una penalidad mayor y una concepción diferente de cómo se prevería en la legislación anterior».
«Sin embargo, en el futuro nos vamos a enfrentar a una mayor posibilidad de cometer un delito de desórdenes públicos porque ha cambiado el propio delito, ha cambiado cómo se comete el delito y es verdad que en el futuro la pena de cinco años sí que será aplicada», ha advertido.
«Por lo tanto, estamos contentas de lo que hemos podido ver en la sala, pero tenemos una preocupación enorme por lo que puede suceder en el futuro con respecto a las acciones de Greenpeace, que pueden ser cuadradas dentro de este delito de desórdenes públicos con mucha más facilidad que ahora, con penas de cinco años sí que se nos van a aplicar», ha dicho.
