València (EFE).- El PP ha aceptado este martes incluir, a petición de Vox, la implantación efectiva del principio de prioridad nacional en el acceso a una vivienda pública, de manera que se «procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana».
Así lo recoge una enmienda presentada por Vox a una propuesta del PP sobre vivienda, aceptada por este grupo parlamentario según ha confirmado a EFE fuentes populares, debatida este martes en el pleno de Les Corts Valencianes y que se votará este miércoles.
La vivienda copa el último pleno de octubre
El último pleno del mes de octubre ha estado marcado por la situación de la vivienda, que ha centrado la práctica totalidad del debate, en el que se han tratado las propuestas de los grupos, que en el caso del PP, PSPV-PSOE y Compromís tenían que ver con este asunto, mientras que la de Vox se refería a inmigración.
La primera propuesta que se ha debatido ha sido la del PP, que pide instar al Consell a impulsar la construcción de vivienda de protección pública y al Gobierno de España a derogar la ley de Vivienda, rebajar el IVA al 4 % al comprar la primera vivienda, o dedicar todo el suelo público a la construcción de vivienda para alquiler asequible, entre otras cosas.
A ella se sumará la enmienda de Vox que pide «implantar de manera efectiva en el acceso a una vivienda pública, el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de asegurar la relación efectiva y afectiva del solicitante a la región».
La oposición
El PSPV-PSOE y Compromís han defendido propuestas que, entre otras cosas, plantean derogar o revertir el incremento del módulo de precio máximo de las viviendas de protección pública de promoción privada y recuperar el máximo de 2.200 euros por metro cuadrado, y garantizar el carácter permanente de las viviendas públicas.
El síndic del PP, Fernando Pastor, ha afirmado que este pleno permite contrastar dos formas de hacer política: la de quienes, como el PP, se están «dejando la piel» para intentar solucionar los problemas de los valencianos, y los que, como el PSPV y Compromís, «no han dado nunca un palo al agua en materia de vivienda» y vienen ahora a dar lecciones.
Por el PSPV, José Muñoz, ha coincidido en que se han retratado dos formas de entender la vivienda, pero en su caso ha dicho que una, la del PP y Vox, «está basada en la pura especulación y el apoyo a los fondos buitre», mientras que la otra, la del PSPV, prima «los intereses de los inquilinos» y que no se pueda desahuciar a las personas vulnerables.
El síndic de Compromís, Joan Baldoví, quien ha calificado el pleno de esta semana de «plenito» por el escaso número de puntos incluidos, ha considerado que las propuestas de debate de este martes reflejan aquello que está pasando en la sociedad valenciana y española, donde unos quieren hablar de «la máxima preocupación de los ciudadanos» que es la vivienda, y Vox «intenta nuevamente inocular odio».
El PP y Vox
La propuesta de Vox para este pleno reclama que el Consell manifieste «la gravedad» de las consecuencias de la «inmigración masiva» en los servicios públicos e inste al Gobierno de España a repatriar a quienes hayan llegado ilegalmente y a garantizar que «ningún español quede fuera del acceso al sistema de educación pública por falta de plazas en los centros».
El síndic de Vox, José María Llanos, ha anunciado que su grupo va a insistir en «la cuestión del colapso de los servicios públicos» y ha señalado que aunque «es evidente que la vivienda es importante y el problema más grave», hay que tener en cuenta que «los últimos cinco años, cinco millones de inmigrantes han entrado en España y los recursos son absolutamente limitados», también en la vivienda.
El PP ha defendido una enmienda, no aceptada por Vox, según han informado fuente populares, en la que eliminaban, suavizaban o puntualizaban algunas de las exigencias en materia de inmigración, aunque aún no ha aclarado el sentido de su voto a la propuesta.
