València (EFE).- La familia que forma Rudolf con su mujer, dos hijas menores y su madre mayor enferma, ha sido desahuciada este lunes de una vivienda en el barrio de la Malvarrosa de València, tras dos intentos en los que la presión de diversas entidades logró sendos aplazamientos.
Concentración para tratar de paralizar el desahucio
El Sindicat d’Habitatge había convocado este lunes una concentración frente al domicilio de Rudolf, en la calle Cavite de València, para tratar de paralizar el desahucio después de que lo hubieran pospuesto ya los pasados días 28 de octubre y 5 de noviembre, pero finalmente ha resultado ejecutado.
Según argumentaban para la paralización de este desahucio, esta familia dispone de dos informes de vulnerabilidad de Servicios Sociales, que le haría que se le pudiera aplicar el Decreto Ley que obliga a las administraciones a no ejecutar desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional.
Policía a las 6:30 horas en la puerta
Desde las 6.30 horas de este lunes, la Policía ya había rodeado las inmediaciones del domicilio de Rudolf y su familia, en la calle Cavite, en el barrio de la Malvarrosa de València, para impedir la acción del Sindicat d’Habitatge, según ha contado a EFE su portavoz, Esteban Arellano.
Tras confirmarse el desahucio, Arellano ha lamentado que el juez únicamente les diera cuatro días en el último aplazamiento «para intentar gestionar alternativas habitacionales. Esto no es casual, 4 días es muy poco, suelen dar 10».
Ante el fuerte cordón policial que han encontrado esta mañana en la vivienda de Rudolf, el Sindicat ha intentado interceptar antes a la comitiva judicial para darle los «dos informes de vulnerabilidad que acreditan de la oficina de la Malvarrosa de Servicios Sociales del Ayuntamiento de València que esta familia tiene una situación de vulnerabilidad».
«Acorde al Real Decreto ley en vigor, no se debería de haber ejecutado ese desahucio. pero en el Real Decreto hay huecos que permiten, en algunos casos, que la voluntad del juez, que en este caso es Juan Francisco Mejías Gómez, tire para adelante el desahucio obviando todas las pruebas que demuestran esa vulnerabilidad y que además impiden por ley ese desahucio», ha explicado.
Ha añadido que el Real Decreto también contempla algunos otros mecanismos «que posibilita que la autoridad gubernamental competente pues pueda echar una mano en la deuda o en el pago de alquiler para poder hablar con la propiedad e impedir lo que ha pasado hoy, que han desalojado a una familia con dos menores y con una señora mayor en un estado de salud crítico, y que no tengan que dormir en el coche».
«La alternativa, un albergue temporal»
El portavoz del Sindicat ha explicado que la familia ha ido a Servicios Sociales. «Le hemos preparado todo el paquete de documentación a ver si consiguen alguna alternativa pero la alternativa a corto plazo, lo máximo que pueden sacar hoy es un albergue temporal», ha lamentado y ha explicado que le van a acompañar en todo el proceso.
Arellano ha recordado que el Sindicat d’Habitatge celebró el Real Decreto en su momento pero ahora ven que «la realidad es que muchas veces no se aplica porque no son medidas contundentes realmente para parar estos desahucios».
Por eso ha animado a la sociedad a que de cara a la huelga general y después para «poner en cuestión que se priorice de esta forma tan absurda y tan cruel el negocio de la vivienda por encima del derecho a tener una, algo que es tan fundamental para cualquier persona, y eso es lo que estamos denunciando».
La familia pide al Ayuntamiento una opción habitacional asequible, «de 450 ó 500 euros»
Varias decenas de personas se han concentrado antes de la hora prevista para la ejecución del levantamiento -las 9- en las inmediaciones del domicilio para impedir el desahucio, al grito de «ningún desahucio sin repuesta», «ni leyes ni decretos paremos los desahucios» y «no puede ser ni gente sin casa ni casas sin gente», entre otras consignas.
La concentración estaba encabezada por una pancarta, en la que se leía «Aturem tots els desnonaments» (Paremos todos los desahucios).
A primera hora, Rudolf ha explicado a EFE que este domingo llevó parte de sus enseres a un trastero y que necesitaba «un poco más de tiempo» para poder sacar todos sus cosas y que el Ayuntamiento le dé una alternativa habitacional asequible, «de 450 ó 500 euros».
