Bruselas (EFE).- El Tribunal de Cuentas de Bélgica cuestiona que se atribuyese al arquitecto valenciano Santiago Calatrava la construcción de una estación de tren en la ciudad belga de Mons por considerar que se benefició de una ventaja de partida que falseó la competencia en el concurso por el que se atribuyó el proyecto.
En un informe adelantado por los medios belgas “Le Soir” y “RTBF”, el tribunal señala irregularidades y falta de transparencia en los contratos públicos de este proyecto gestionado por la sociedad nacional de ferrocarriles belga (SNCB), que va con ocho años de retraso con respecto al calendario previsto y ha multiplicado por diez el presupuesto inicial, hasta 332 millones de euros.
Según los auditores belgas, a quien el Parlamento del país había pedido un informe del proyecto, la designación de Santiago Calatrava como ganador del concurso por el que en 2006 se licitó la construcción “adolece de lagunas relativas a la transparencia y al respeto del principio de igualdad y de apertura a la competencia”.
Esto se debe a que en 2004, cuando se planteó por primera vez el proyecto, que entonces consistía solo en construir una pasarela que conectase una plaza con la estación de Mons ya existente, se encargó al arquitecto español un estudio de viabilidad por el que tuvo acceso a datos que le habrían dado una ventaja dos años después frente a los otros candidatos de la licitación.
El Tribunal de Cuentas considera que el ganador del concurso “pudo beneficiarse de una ventaja que puede falsear la competencia. Vista la ausencia de comunicación a todos los candidatos de las informaciones intercambiadas en el marco de este estudio, lo que habría permitido restablecer un equilibrio entre ellos, la participación de este candidato debería haber sido descartada”, según el informe citado por los medios belgas.
El tribunal ve además problemas ligados a las modificaciones que fue sufriendo el proyecto, que pasó de ser una pasarela presupuestada en 37 millones de euros a la construcción de una nueva estación multimodal valorada hoy en 332 millones, y que se plasmaron legalmente solo en cláusulas del contrato inicial, sin abrir nuevas licitaciones.
Para los auditores las modificaciones aportadas al contrato inicial “podrían haber justificado el lanzamiento de un nuevo procedimiento de licitación pública”.
La tribunal señala que las cláusulas añadidas al contrato inicial extendieron en una medida importante los servicios de arquitectura, que las modificaciones tuvieron un impacto presupuestario, y que estas introdujeron condiciones que “quizás podrían haber permitido elegir otra oferta si se hubieran conocido desde el inicio del concurso”.
El informe arroja dudas asimismo sobre la transparencia y control del presupuesto al afirmar que los datos sobre el mismo “tenían lagunas”, que los cambios son “poco explicados” y que el tribunal no ha podido obtener todos los documentos que justifican cada una de las etapas del proyecto, algo de lo que responsabiliza a Eurogare, filial ya extinta de la SNCB.
Estos problemas con la documentación “no permiten al Tribunal de Cuentas garantizar que esta ha sido objeto de seguimiento y control sistemático ni de una transparencia suficiente”, apunta el documento citado por la RTBF.
Desde el Tribunal de Cuentas indicaron a Efe que el documento citado por los medios belgas no había sido aún aprobado por la asamblea general, que hoy adoptó el informe final que debe ser traducido y enviado al Parlamento antes de ser publicado.
