Madrid (EFE).- El 82 % de la población española cree que la inteligencia artificial (IA) supone un riesgo para la sociedad por la desinformación y la pérdida de pensamiento crítico y un 90 % piensa que el Estado debe regularla, sobre todo en lo cultural «para evitar el control social promovido por las empresas tecnológicas».
Así se desprende del Tercer Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita 2025-2026, promovido por el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro), que detecta un malestar mayoritario en la ciudadanía española que considera que la IA, sin regulación, «supone una amenaza directa para la cultura escrita».
El estudio, presentado este jueves por la presidenta de Cedro, Carmen Riera, y el director de la entidad, Jorge Corrales, revela que mayoritariamente la ciudadanía se decanta por la protección institucional de los creadores: el 83,7 % sostiene que respetar los derechos de autor es una buena práctica social y sienta los pilares de una sociedad justa.
El 55 % de la población ha usado IA en el último mes
Pese a este temor, el estudio confirma que existe una alta penetración de la IA generativa, especialmente sobre contenidos preexistentes.
El 59,3 % de la población española ha usado «alguna vez» aplicaciones de IA generativa como ChatGPT o Gemini y un 55 % la ha utilizado en el último mes, lo que indica una frecuencia de uso muy reciente y generalizada.
Además, el 72,3 % la usa específicamente con contenidos ya preexistentes, sobre todo textos de webs y libros educativos, lo que afecta directamente al ecosistema editorial.
El riesgo de humanizar la IA
Para el director de Cedro, Jorge Corrales, «se humaniza la IA para generar confianza, pero al hacerlo se diluye la responsabilidad de quienes la controlan».
En su opinión, «no se trata de frenar la innovación, sino de darle dirección y sentido humano, y que el progreso tecnológico no se construya a costa de la precariedad de quienes crean».
El 63 % de los entrevistados afirma que las empresas tecnológicas deberían contar con el permiso del autor y editor, antes de utilizar contenidos, por ejemplo, para entrenar la Inteligencia Artificial.
Y el 72 % percibe que el sector público prioriza los intereses tecnológicos sobre los del sector cultural.
Por todo ello, el 88 % de la población española reclama una protección activa para autores y editores y el 80 % se muestra crítico con el Estado que, consideran, ha cedido ante los intereses de las grandes tecnológicas frente a los derechos de los creadores.
La IA, una amenaza para las editoriales
Este malestar se traduce en una demanda clara de protección institucional, que garantice la sostenibilidad del ecosistema editorial.
Y es que la población en general teme que la no regulación derive en una «cultura impersonal, uniforme y deshumanizada».
Por ello y según el estudio, la ciudadanía reclama una regulación clara para protección real para autores y editores, convencida de que «la cultura escrita es la mejor defensa frente al exceso tecnológico».
La perspectiva de la sociedad es que la responsabilidad de regular el impacto de la IA recae en las administraciones públicas, especialmente en la Administración central.
A la hora de liderar esta labor informativa sobre los derechos de autor, el 51,9 % de la población apunta al Gobierno (estatal, autonómico y local), el 30,7 % a las federaciones, asociaciones y entidades de gestión cultural y el 17,4 % a editores y medios.
Y entre los ministerios que la población cree que debería liderar esta labor informativa están Cultura, Educación y Transformación Digital.
Alto consenso sobre malas prácticas de la IA
En definitiva, los derechos de autor se revelan como pilares fundamentales para garantizar una sociedad justa, creativa y respetuosa con el trabajo intelectual.
La ciudadanía muestra un alto consenso sobre lo que considera malas prácticas en el empleo de los contenidos editoriales.
Entre estas malas prácticas está el plagio de contenidos y publicarlos como propios (87,8 %), hacer copias sin remunerar (82,2 %), no pagar por el uso de clipping en prensa (81,3 %) y usar obras sin consentimiento para entrenar la IA (76,3 %).
