Ana Tuñas Matilla |
Madrid(EFE).- España cuenta con poco más de 15.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos públicos, con lo que está muy lejos del objetivo del Gobierno de alcanzar los 100.000 en 2023, debido, principalmente, al dilatado proceso de tramitación de licencias y de conexión a la red, que puede alargarse hasta dos años.
Desde sectores implicados en el despliegue de esta red, como petroleras, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) o los fabricantes (ANFAC), defienden que antes de poner objetivo numérico, habría que identificar las ubicaciones en las que deben estar esos puntos y procurar que los que hay funcionen.
En base a cálculos de los operadores de recarga integrados en AEDIVE, un buen ritmo para el despliegue de la infraestructura sería lograr 23.000 puntos en 2022 (cifra que prácticamente se alcanzará), 70.000 en 2025 y 255.000 en 2030.
El despliegue no debe basarse en “números”, sino en ubicaciones y tipo de recarga en cada una de ellas. Si fuera cuestión de matemáticas, muchos creerían que los 80.000 surtidores que hay en España son insuficientes para atender a los 30 millones de vehículos de combustión que suma el parque móvil español, ha explicado a EFE el director general de AEDIVE, Arturo Pérez de Lucía.
“El vehículo eléctrico dispone de varias opciones de recarga, tanto vinculada (hogar) como de oportunidad (hoteles, centros comerciales, etc). No es lo mismo repostar que recargar y por eso, no se puede analizar la infraestructura de recarga con los ojos de la combustión ni con cálculos porcentuales”, ha insistido.
Un 40 % de lo instalado, pendiente de licencias para funcionar
En su opinión, la actual infraestructura es suficiente para atender al número y tipo de vehículos existente, aunque es cierto que hay un 40 % de puntos públicos instalados o en fase de instalación que sigue a la espera de la obtención de licencias o permisos.
Para acelerar el despliegue de puntos de recarga, el Gobierno dictó normativas que obligan a su instalación en las gasolineras con más ventas, centros comerciales o edificios de la Administración General del Estado y sociedades dependientes, entre otros.
La principal petrolera de España, Repsol suma en la actualidad 950 puntos públicos instalados, de los que más de 450 están operativos, mientras que el resto está pendiente de permisos o de conexión a la red de distribución.
“Tenemos barreras a la hora de desarrollar esta infraestructura”, han dicho a EFE fuentes de Repsol, que han señalado que las principales son la obtención de licencias, la conexión a la red de distribución, la legalización de la instalación con Industria para contratar el suministro o la dificultad de recuperar la inversión por bajo uso.
Instalar un punto de recarga de entre 350 y 400 kilovatios supone un inversión de unos 250.000 euros y, muchas veces, el coste de conectarse a la red representa un porcentaje muy elevado “llegando a frenar el desarrollo de la infraestructura por la baja utilización a día de hoy”.
Además, según la misma fuente, el problema no es la falta de infraestructura, sino que su despliegue no se haga de manera “inteligente”, es decir, en ubicaciones estratégicas, adaptadas al tipo de vehículo que la va a usar o que esté “impecablemente mantenida”.
En este sentido, desde la asociación de fabricantes de vehículos ANFAC, han reclamado al Gobierno que elabore un “mapa” que fije dónde debe estar cada punto de recarga y con qué potencia, al igual que existe una estrategia planificada de estaciones de servicio.
“Hay que establecer objetivos vinculantes de número de puntos de recarga públicos y potencias año a año, así como crear una plataforma de información sobre dónde están y establecer la interoperabilidad del pago de la carga como, por ejemplo, que haya TPV en el punto y no que cada empresa tenga su aplicación”, según ANFAC, que cifra en unos 15.000 los puntos existentes.
La crisis dificulta la inversión a las grandes superficies
Por su parte, la patronal de grandes superficies ANGED ha pedido al Ejecutivo un plazo de tres años para instalar los 20.000 puntos que deberían tener a 1 de enero de 2023 por la “imposibilidad técnica y material” de alcanzar este objetivo.
El despliegue requiere de una fuerte inversión para las empresas y de una capacidad técnica (instaladoras autorizadas) y una adecuación de normativas (municipal, prevención o seguridad) que no se da en estos momentos, según ANGED, que ha pedido ayudas efectivas y, sobre todo, una disminución de las trabas administrativas.
“Nuestro sector puede contribuir a la transición hacia una movilidad más sostenible y a incrementar el número de puntos de recarga, pero la norma debe ser proporcionada y racional, buscar incentivos y no aumentar todavía más la crisis de costes que sufren las empresas”, han subrayado desde la patronal.
Por normativa, en los edificios de la Administración del Estado e instituciones dependientes debería haber 1 punto de recarga por cada 20 plazas o fracción, una obligación que desde los ministerios consultados por EFE (Transición Ecológica, Transportes y Política Territorial) no han podido confirmar que se esté cumpliendo.
Edición web: Nuria Santesteban
