Madrid (EFE).- La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha considerado de «extraordinaria gravedad» acusar a los jueces de actuar por razones políticas, una imputación que «puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva» y que «compromete el Estado de derecho».
Perelló se ha pronunciado así en su discurso con motivo del acto de apertura del Año Judicial, que preside el rey, ante las más altas autoridades del Estado, miembros del Gobierno encabezados por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la alta magistratura del país y responsables políticos como el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.
En su intervención, ha lamentado «las acusaciones expresas generalizadas de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por las razones jurídicas que expresan sus resoluciones», lo que supone «una imputación de extraordinaria gravedad, que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva».
Defiende la independencia judicial
«Una acusación de esta naturaleza pone en cuestión que la actuación judicial responda exclusivamente al Derecho y compromete, por ello, uno de los presupuestos esenciales del ejercicio de la jurisdicción y, asimismo, el Estado de derecho», ha advertido.
Perelló ha dicho que «la discusión jurídica sobre las razones de una resolución no puede ser sustituida por la atribución al juez de propósitos políticos o ideológicos, a partir de la mera discrepancia con lo resuelto».
Como era de prever, la presidenta del Poder Judicial ha hecho una defensa férrea de la independencia judicial ante los ataques a los jueces, que han generado un clima de alta tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, especialmente crítico con las resoluciones judiciales relacionadas con investigaciones que afectan al PSOE y al círculo cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Aunque las dos últimas relacionadas con la investigación judicial por la crisis migratoria en Ceuta y contra la decisión adoptada este martes por el Supremo respecto de los efectos electorales de la ley de nietos, un fallo contra el que el Gobierno ha salido en tromba.
Una respuesta para Ceuta
Perelló ha afirmado además que el pueblo de Ceuta exige una respuesta que «preserve la integridad» de las fronteras y el control ordenado de los accesos.
La presidenta ha tenido un recuerdo especial hacia las personas «que han fallecido en la grave crisis en la que está sumida Ceuta».
«En una situación tan complicada, los ciudadanos pueden confiar en el compromiso del Poder Judicial con el Estado; y en que los jueces van a seguir trabajando, velando por los derechos de los afectados y por el cumplimiento de la ley», ha afirmado la presidenta del CGPJ.
A su juicio, la realidad que sufre el pueblo de Ceuta «exige una respuesta que preserve la integridad de nuestras fronteras y el control ordenado de los accesos, y que asegure, al mismo tiempo, la aplicación de las garantías previstas en nuestro ordenamiento».
Apertura del Año Judicial
El rey Felipe VI preside el acto, una vez más rodeado de polémicas tras la reciente decisión del Supremo que ha suspendido las altas en el censo electoral por la ley de nietos y la investigación de la crisis migratoria en Ceuta, que ha erosionado aún más la relación entre el Gobierno y los jueces.
El Salón de Plenos del Supremo acoge el acto más solemne del año en los tribunales con la presencia de las autoridades del Estado, miembros del Gobierno encabezados por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la alta magistratura del país y responsables políticos como el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.
Clima de alta tensión
El acto llega en un clima de alta tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, que ha salido en tromba para arremeter contra la decisión adoptada este martes por el Supremo respecto de los efectos electorales de la ley de nietos, un fallo contra el que el Gobierno ha salido en tromba.
Un episodio que se suma al choque por la investigación en Ceuta tras el intercambio de cartas entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la presidenta del Poder Judicial , Isabel Perelló, que pidió respeto a las decisiones judiciales.
