Dícaro (Ecuador), (EFE).- Por cerca de un mes se prolonga ya el bloqueo que los indígenas waorani de la comunidad nativa de Dícaro realizan en un campo petrolero de la Amazonía ecuatoriana, tras el reciente ingreso de la petrolera estatal Petroecuador, que ha asumido la operación desde enero.
Con una población cercana a los 300 habitantes, Dícaro es una de las ocho comunidades del pueblo indígena waorani que habitan en los bloques 16 y 67, ubicados en el Parque Nacional Yasuní, y la única que de momento ha iniciado una protesta desde el 25 de diciembre en coincidencia con el cambio de operadora de los bloques.
Este grupo de waoranis, un pueblo indígena que hasta hace prácticamente 60 años vivía de manera aislada del resto del mundo, reclama la reparación de antiguas contingencias ambientales por un derrame de crudo en 2008, una consulta previa sobre el ingreso de Petroecuador a los campos y un acuerdo directo con la petrolera estatal.
Para levantar el bloqueo, los nativos exigen que lleguen hasta el lugar a dialogar un nuevo convenio el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, y el gerente general de Petroecuador, Hugo Aguiar.
“Queremos que vengan personalmente aquí a conversar y llegar a un acuerdo. Si no vienen, vamos a seguir paralizados”, señaló a EFE el presidente de la Dícaro, Robinson Coba.
Demandan acuerdo bilateral
Por su parte, Freddy Avilés, habitante de Dícaro, aseguró también a EFE que la comunidad está muy disgustada con la forma en la que Petroecuador ha ingresado a los bloques, “sin avisar”.
Avilés destacó la ambición de la comunidad de tener un acuerdo directo con la empresa en lugar de uno conjunto con la Nacionalidad Waorani de Ecuador (Nawe), una entidad que abarca todo el territorio del pueblo waorani, repartido entre las provincias ecuatorianas amazónicas de Orellana, Napo y Pastaza.
“Las propuestas ya las tenemos. Las hemos presentado y enviado a las máximas autoridades del país, y ahora lo que estamos esperando es la respuesta. Quienes vengan a la mesa de diálogo deben ser representantes con la facultad de firmar el convenio, porque si no, la vía seguirá paralizada”, aseveró Avilés.
A su vez, Karina Boya, otra vecina de la comunidad, deseó que las demás comunidades colindantes se les unan en la protesta, que no es compartida por la Nawe, a la que la comunidad acusa de ser portavoz de la empresa.
La comunidad teme un eventual ingreso de militares a la zona para reabrir la vía y el 11 de enero denunciaron un corte de suministro eléctrico, ya que la energía es provista por la empresa. Sin embargo, la Nawe aseguró en un comunicado que fue temporal y afectó a todo el bloque petrolero.
No corresponde consulta, según empresa
Consultada por EFE, Petroecuador señaló a EFE que corresponde al Ministerio de Ambiente señalar si existen o no asuntos ambientales pendientes en ambos bloques y ponerlo en conocimiento en las comunidades.
Sobre el reclamo de una consulta previa, la compañía afirmó que no corresponde su realización en este caso, ya que la norma exige aplicarlo para aquellos proyectos iniciados a partir de la entrada en vigor de la Constitución de 2008 y no es obligatorio para proyectos que estaban operando desde antes, como son los bloques 16 y 67.
La empresa pública mostró su intención de solucionar este conflicto, y para ello el Ministerio de Energía y Minas lidera un comité interinstitucional que analiza el pliego de demandas e ingresará al territorio para establecer una mesa de diálogo y negociación.
Producción estable
Pese al bloqueo, apenas se ha resentido la producción de los dos bloques, que en conjunto producen al día cerca de 15.000 barriles de crudo, ya que Petroecuador está abasteciendo las instalaciones y al personal por vía aérea a través de helicópteros y así salvar la carretera cortada por los indígenas.
Los bloques 16 y 67 están en explotación desde 1994 y hasta final de 2022 han pasado por diferentes empresas privadas, la última de ellas Petrolia, filial de la canadiense New Stratus Energy (NSE), con la que el Gobierno no quiso negociar la extensión de los contratos de servicios y migrarlos a contratos de participación, por lo que la compañía anunció en diciembre que recurriría a un arbitraje internacional.
Así, los campos pasaron a manos de Petroecuador, que este viernes ha anunciado la resolución de otro conflicto con indígenas waorani de la comunidad de Dikapare, en el campo Armadillo, del Bloque 55, también en Orellana, donde reclamaban la contratación de obra local, en una protesta que causó la caída temporal de 3.000 barriles diarios de petróleo en su producción.
