Madrid, (EFE).- El PSOE y Sumar coinciden en que hay que seguir ayudando a las familias ante el encarecimiento del coste de la vida y ambas formaciones abogan por ayudar a los hipotecados, mientras que el PP y VOX apuestan por bajar impuestos para mitigar el impacto de la inflación y recuperar poder adquisitivo.
Durante el tercero de los cuatro debates sectoriales organizados por la Agencia EFE ante las próximas elecciones generales del 23 de julio (23J), los portavoces de las cuatro formaciones políticas han expuesto sus recetas para hacer frente a la subida de los precios, uno de los cuatro bloques en los que se articula el debate económico, que ha tenido lugar este jueves en la Fundación Ortega-Marañón.
Alargar el plazo de las hipotecas hasta 7 años
Patricia Blanquer, miembro de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, Secretaria de Industria, Comercio y Turismo de la Ejecutiva Federal del PSOE, y candidata al Congreso por Alicante, ha insistido en que si vuelven a gobernar aprobarán que determinadas familias vulnerables puedan alargar el plazo de sus hipotecas hasta 7 años para ahorrarse de media 300 euros.
Durante su intervención, ha asegurado además que España es uno de los países de la OCDE que menos poder adquisitivo ha perdido, una afirmación que choca con la del secretario de Economía en la Ejecutiva del PP, Luis Alberto Marín, quien ha insistido en que España es “la gran economía con más pérdida de poder adquisitivo desde el inicio de la pandemia”.
El secretario de Estado de Derechos Sociales y portavoz económico de Sumar, Nacho Álvarez, también ha puesto el foco en los hipotecados y el compromiso de su formación de aprobar un cheque o bono de 1.000 euros para frenar el encarecimiento de las hipotecas por el alza del euríbor. Si bien, ha ido más allá y ha subrayado la intención de regular una cesta básica de alimentos o empezar a subir salarios “una vez controlada la inflación”.
Rebajas de impuestos para rentas por debajo de 40.000 euros
Frente a estas propuestas, el secretario de Economía en la Ejecutiva del PP, Luis Alberto Marín, ha prometido que un Gobierno popular traerá rebajas de impuestos, empezando por deflactar el IRPF para las rentas por debajo de 40.000 euros, pero también en el IVA de productos como la carne o las conservas.
En la misma línea, la vicealcaldesa de Toledo y que ha ejercido como portavoz económica de Vox en el Congreso, Inés Cañizares, ha abogado por deflactar el IRPF y por reducir el gasto público “innecesario”, aclarando que con ello no se refiere a educación o sanidad. Se trata, ha subrayado, de reducir la “super estructura” del Estado, el gasto superfluo que no revierte en mejores servicios.
El primer bloque del debate económico ha servido también para que desde el PSOE y Sumar recordaran las medidas tomadas a lo largo de estos años para hacer frente a la inflación, mientras el PP y VOX insistían en que la pregunta que hay que hacer es si estamos mejor o peor que cuando llegó Pedro Sánchez al Gobierno.
El PSOE asegura que los “deberes están hechos” para cumplir con las nuevas reglas fiscales
Por otra parte, el PSOE ha defendido este jueves que España afrontará las nuevas reglas fiscales con los “deberes hechos” ante las críticas del PP de haber disparado la deuda pública, lo que obligará a hacer “esfuerzos encomiables” cuando la Comisión Europea establezca los nuevos objetivos.
La secretaria de Industria, Comercio y Turismo de la Ejecutiva Federal del PSOE, Patricia Blanquer, ha subrayado que la política fiscal del Gobierno ha estado condicionada por el contexto de estos años, marcados por una pandemia y una crisis inflacionista.
“Hay que conciliar la sostenibilidad de la deuda con tener margen para políticas que ayuden a la cohesión social y a las inversiones”, ha destacado Blanquer, que ha asegurado que España tiene “los deberes hechos” para compatibilizar el crecimiento con la senda de consolidación fiscal que se fije reduciendo déficit y deuda.
Frente a esto, el secretario de Economía en la Ejecutiva del PP y cabeza de lista por Murcia, Luis Alberto Marín, ha asegurado que España va “a tener que hacer esfuerzos encomiables” para cumplir con los objetivos de deuda y déficit cuando se recuperen las reglas fiscales.
El portavoz del PP ha abogado por bajar impuestos para “ensanchar las bases” y poder recaudar más, y ha rechazado que las rebajas fiscales no sean compatibles con mantener el estado del bienestar.
“Lo que hay que hacer es gastar mejor”, ha incidido Marín, que ha recordado el compromiso del PP de hacer una “auditoria de todo el gasto publico para eliminar gastos innecesarios”.
Sumar defiende la herencia universal y Vox critica el “infierno fiscal”
El secretario de Estado de Derechos Sociales y portavoz económico de Sumar, Nacho Álvarez, ha señalado a Marín que “estos esfuerzos” supondrán una “vuelta a la austeridad y los recortes”, y ha defendido una reforma fiscal “que garantice que quien más tiene aporte más” y haya así más recursos para asegurar el Estado del Bienestar.
Álvarez ha vuelto a destacar la propuesta de Sumar de una herencia universal de 20.000 euros y que supondrá “poner en manos de los jóvenes un trampolín de libertad”, y ha incidido en la necesidad de poner en marcha una prestación de crianza de 200 euros para luchar contra la pobreza infantil.
La vicealcaldesa de Toledo y que ha ejercido como portavoz económica de Vox en el Congreso, Inés Cañizares, ha acusado al Gobierno de haber convertido en “estructural” todo el gasto asociado a las medidas de la pandemia y ha señalado que la AIReF lleva cuatro años reclamando un “plan de consolidación” fiscal que el Gobierno ha ignorado.
La portavoz de Vox ha arremetido contra las “más de 40 subidas de impuestos” realizadas por el Gobierno de coalición que han convertido a España en un “infierno fiscal”.
Nuestra propuesta, ha recordado Cañizares, pasa por hacer unos Presupuestos de “base cero” que eliminen el déficit y la deuda “optimizando” las cuentas publicas y quitando “todos los impuestos confiscatorios”.
El PP y Vox acusan al Gobierno de ocultar y trocear el empleo con los fijos discontinuos
El PP asegura que el Gobierno “ha ocultado empleo” con los datos de los fijos discontinuos, una crítica a la que se ha sumado Vox, que cree que se ha troceado el trabajo, unas acusaciones rechazadas por PSOE y Sumar, que han resaltado la reducción de la temporalidad con la reforma laboral.
En su intervención, el secretario de Economía en la Ejecutiva del PP, Luis Alberto Marín, ha reprochado al Gobierno que en sus estadísticas haya “puestos de trabajo ocultos”, ya que no detallan cuándo un trabajador fijo discontinuo está activo, y por lo tanto contribuyendo a los datos de afiliación, o inactivo, apareciendo en los de desempleados.
En el mismo sentido, la vicealcaldesa de Toledo y que ha ejercido como portavoz económica de Vox en el Congreso, Inés Cañizares, ha señalado que la reforma laboral no ha creado más empleo, sino que “lo ha troceado” impulsando la figura de los fijos discontinuos, que contabilizan como empleados a inactivos.
Por su parte, la secretaria de Industria, Comercio y Turismo de la Ejecutiva Federal del PSOE y candidata al Congreso por Alicante, Patricia Blanquer, ha explicado que los fijos discontinuos “llevan muchos años con nosotros: si están activos, figuran como empleados y si no lo están, como desempleados. No entiendo la discusión”.
“Entiendo que les duela que no hayan conseguido ustedes la transformación de los fijos discontinuos”, ha reprochado a Marín el secretario de Estado de Derechos Sociales y portavoz económico de Sumar, Nacho Álvarez.
Las propuestas de cara a la próxima legislatura
Blanquer ha puesto en valor los logros obtenidos por el Gobierno de coalición en una época muy difícil, con una pandemia y una guerra a las puertas de Europa, y han resaltado principalmente la figura de los ERTE que protegieron el empleo y evitaron la destrucción de empresas y las subidas del salario mínimo.
“Ésta ha sido la legislatura en la que hemos vivido la crisis económica más abrupta desde la guerra civil”, ha resaltado el portavoz de Sumar, quien ha valorado también el récord de afiliación y la rebaja de la tasa de temporalidad logrados con la reforma laboral.
Como propuestas a futuro, ha destacado la mejora de la conciliación, con una reducción de la jornada laboral sin merma salarial, entre otras.
El portavoz del PP ha valorado la necesidad de mejorar la formación y recualificación de los trabajadores como palancas para impulsar el empleo y ha defendido las cuentas individuales portables, nutridas con aportaciones de empresa y trabajadores, que podrán usarse en determinados supuestos como despidos.
Esta medida, también conocida como “mochila austríaca”, ha sido criticada por la portavoz de Sumar, quien ha considerado que, mientras los ERTE protegen el empleo y evitan los despidos, las cuentas individuales portables los incentivan.
La portavoz de Vox ha planteado reducir las cotizaciones sociales que suponen “un impuesto al trabajo” y terminan reduciendo la contratación, una situación que ha comparado con un impuesto al tabaco, que genera que la gente deje de fumar.
Sumar y PSOE acusan a PP y Vox de elevar “al ridículo” el problema de la ocupación
Sumar ha acusado a los partidos de la derecha de elevar “al ridículo” el problema de la ocupación ilegal de vivienda, una crítica compartida por el PSOE durante el debate con portavoces económicos organizado por la Agencia EFE, en el que PP y Vox han prometido desocupaciones exprés.
El secretario de Estado de Derechos Sociales y portavoz económico de Sumar, Nacho Álvarez, ha explicado que en 2022 solo hubo 2.000 juicios por ocupación, lo que representa el 0,01 % del “stock” de vivienda en España, mientras que el secretario de Economía en la Ejecutiva del PP, Luis Alberto Marín, ha destacado que actualmente hay 100.000 viviendas que se ha comprometido a desalojar en 24 horas si los populares gobiernan.
La secretaria de Industria, Comercio y Turismo de la Ejecutiva del PSOE, Patricia Blanquer, ha señalado que el verdadero problema es el acceso a la vivienda, en contra de lo expuesto por la portavoz económica de Vox en el Congreso, Inés Cañizares, que ha asegurado que la ley de vivienda penaliza al propietario honrado y protege al delincuente.
