Vista del Cuatro Torres Business Area (CTBA), parque empresarial en Madrid. EFE/Borja Sanchez-Trillo

PSOE y Sumar pactan que las empresas paguen un impuesto mínimo del 15 % sobre sus beneficios

Madrid (EFE).- El acuerdo de investidura cerrado por PSOE y Sumar prevé modificar el impuesto de sociedades para establecer un tipo mínimo efectivo del 15 % sobre el resultado contable y mantener los impuestos extraordinarios sobre banca y energéticas.

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, ha explicado en la presentación del acuerdo que este cambio fiscal -con el que espera recaudar 10.000 millones de euros cuando esté plenamente implementado- supondrá que el tipo mínimo efectivo del 15 % se aplique “sobre los beneficios reales” y “no sobre lo que (las empresas) dicen que perciben”.

Actualmente el tipo nominal del impuesto de sociedades es del 25 % -salvo para pymes (23 %) y para banca y petroleras (30 %)-, con un mínimo efectivo para las grandes compañías del 15 % sobre la base imponible -18 % para banca e hidrocarburos-.

Según los últimos datos disponibles, correspondientes a 2020, las grandes empresas pagaron un tipo efectivo del 20,56 % sobre la base imponible, pero del 5,79 % sobre sus beneficios.

Una reforma global del sistema fiscal español

El texto del acuerdo de investidura recoge la intención de poner en marcha “una reforma global del sistema fiscal español” para mejorar su progresividad, de manera que “contribuyan más quienes hoy se esfuerzan menos” y quienes incumplen sus obligaciones.

Esta reforma pasa, junto a la modificación del impuesto de sociedades, por mejorar la progresividad del IRPF dando “un trato más igualitario de la tributación de las rentas del capital y del trabajo”, así como con incentivos por hijos y dependencia que no detalla.

La líder de Sumar y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz. EFE/ Emilio Naranjo
La propia Díaz ha avanzado en su intervención que la búsqueda de la “justicia fiscal” incluye “reforzar el impuesto a la banca y las energéticas”, una idea que se materializa en el acuerdo en una revisión “con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual” -su último año previsto sería el referente a los ingresos de 2023, con pago en 2024-.

El acuerdo recoge incentivos y un pacto contra el fraude

Por lo que respecta al impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas, también previsto solo para dos años, el acuerdo contempla su evaluación para “avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios”.
El acuerdo también prevé mejorar la fiscalidad de autónomos y pymes, con incentivos para las transiciones ecológicas y digital, el impulso a un pacto de Estado contra el fraude fiscal y avances en la lucha contra el fraude y la economía sumergida.
Aboga asimismo por avanzar en la fiscalidad verde bajo el principio de que “quien contamina paga” y con medidas compensatorias para incentivar cambios en las clases medias y trabajadora, así como por desarrollar un plan de fiscalidad saludable, aunque no detalla ninguna medida.