Bruselas (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló este viernes los acuerdos comerciales de 2019 entre los Veintisiete y Marruecos en materia de pesca y de productos agrícolas, y alegó que el pueblo del Sáhara Occidental no prestó su consentimiento a ellos.
No obstante, en el caso del convenio relativo a las medidas de liberalización en materia de productos agrícolas, la corte con sede en Luxemburgo decidió mantenerlo en vigor durante doce meses a partir de hoy, habida cuenta de las consecuencias negativas graves para la acción exterior de la Unión que entrañaría su anulación inmediata y por razones de seguridad jurídica.
En 2019 el Frente Polisario, que afirma representar al pueblo del Sáhara Occidental, interpuso ante el Tribunal General de la UE, primera instancia judicial del club comunitario, una serie de recursos de anulación contra los acuerdos comerciales sobre pesca y agricultura cerrados entre Marruecos y los Veintisiete.
Al considerar que la Unión y Marruecos habían celebrado acuerdos aplicables al Sáhara Occidental sin haber obtenido el consentimiento del pueblo saharaui, el Tribunal General en 2021 anuló los acuerdos, aunque mantuvo temporalmente sus efectos.
Recursos desestimados
La Comisión Europea y el Consejo de la UE (los Estados miembros) recurrieron esa decisión ante el TJUE, la instancia judicial superior del club comunitario.
En la sentencia dictada hoy, el TJUE desestimó los recursos de la Comisión y del Consejo.
La corte consideró como condición para que los acuerdos puedan ser válidos que el pueblo del Sáhara Occidental dé su consentimiento a su aplicación en dicho territorio no autónomo.
Aunque reconoció que la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior llevaron a cabo consultas antes de la aprobación de los acuerdos, precisó que no iban dirigidas al pueblo del Sáhara Occidental, sino a las poblaciones que se encuentran actualmente en el territorio, con independencia de si pertenecen o no a ese pueblo.
No obstante, al encontrarse en la actualidad una parte considerable del pueblo saharaui fuera de dicho territorio, esas consultas no podían acreditar que hubiese dado tal consentimiento.
Además, recalcó que ese consentimiento no debe ser explícito en todos los supuestos. Puede presumirse cuando el acuerdo no crea obligaciones a cargo del pueblo tercero y le confiere una ventaja precisa, concreta, sustancial y verificable derivada de la explotación de los recursos naturales de ese territorio, y proporcional a la importancia de dicha explotación.
Si se cumplen esos requisitos, el hecho de que un movimiento que se presenta como el representante legítimo de dicho pueblo se oponga a ese acuerdo no puede, como tal, bastar para cuestionar la existencia del consentimiento que se presume.
El TJUE precisó, no obstante, que esa presunción de consentimiento puede ser destruida.
Los pactos no crean obligaciones jurídicas
En este caso, el TJUE constata que los pactos no crean obligaciones jurídicas que recaigan sobre el pueblo del Sáhara Occidental, pero añade que tampoco confieren ningún derecho ni ventaja en favor de los saharauis, en particular, en la medida en que no se benefician de ninguna contrapartida financiera por la explotación de los recursos naturales de ese territorio o de las aguas adyacentes al mismo en virtud de los pactos.
En consecuencia, la corte considera que el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental a la aplicación de los Acuerdos en ese territorio no puede presumirse.
Contra la sentencia dictada hoy ya no cabe recurso, por lo que la decisión del TJUE es definitiva.
Fuentes expertas conocedoras del tema indicaron a EFE que es indudable que los acuerdos quedan anulados, pero añadieron que la propia sentencia contiene elementos que dan tranquilidad sobre la posibilidad de concluir un acuerdo entre la UE y Marruecos que comprenda el territorio del Sáhara Occidental.
Subrayaron que la sentencia del TJUE mantiene en vigor el acuerdo agrícola durante 12 meses y recordaron que la vigencia del pacto pesquero ya había decaído por transcurso de su plazo de vigencia.
«La sentencia considera que no se recabó adecuadamente el consentimiento, pero en dos pronunciamientos importantes señala que el consentimiento puede presumirse cuando el acuerdo no genera obligaciones y sí ventajas precisas y claras para el Sáhara Occidental. Además, y en relación con los acuerdos anulados, el TJUE constata que efectivamente no se creaban indebidamente estas obligaciones», explicaron.
De esta manera, las fuentes consideraron que quedaría abierta la vía a una eventual nueva negociación con Marruecos, si se explicitaran las ventajas para el territorio del Sáhara Occidental.
CE quiere reforzar la relación y Marruecos preservar su asociación
A pesar de esta decisión, la Comisión Europea (CE) aseguró este viernes que buscará seguir reforzando la «estrecha relación» que mantiene con Marruecos.
«La CE analiza actualmente la sentencia en detalle; en ese contexto, vemos que el TJUE preserva la validez del acuerdo sobre los productos agrícolas durante otros 12 meses», indicó durante la rueda de prensa diaria de la Comisión la portavoz Nabila Massrali.
Marruecos, por su parte, exigió «al Consejo, la Comisión Europea y a los estados miembros de la UE» a que «adopten las medidas necesarias para respetar sus compromisos internacionales» y «preservar los logros de la asociación» bilateral tras las sentencias del Tribunal de la UE que anulan los acuerdos pesquero y agrícola, unas decisiones por las que – indica- «no se considera afectado» al no ser parte del proceso.
En un comunicado del Ministerio de Exteriores difundido por la agencia oficial MAP, se recuerda que Marruecos es «socio de la UE en varias cuestiones estratégicas» y reitera su posición de «no suscribir ningún acuerdo o instrumento jurídico que no respete su integridad territorial y su unidad nacional».
Satisfacción en sector agrario español y tristeza en la flota
Las organizaciones del sector agrario español han acogido este viernes con satisfacción y la flota con tristeza la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) que anula el acuerdo de comercio agrícola y el protocolo pesquero con Marruecos.
Los representantes de los agricultores y de los exportadores han celebrado, en declaraciones a EFE, el dictamen de los jueces comunitarios, contrario a esos acuerdos porque el pueblo del Sáhara Occidental no prestó su consentimiento; por el contrario, los armadores y las cofradías pesqueras han lamentado el fallo.
En cambio, los pescadores españoles han lamentado que el Tribunal de Justicia de la UE que anule el acuerdo de pesca con Marruecos.
El secretario general de la patronal de armadores Cepesca, Javier Garat, ha manifestado que la sentencia es un «nuevo palo» porque aunque el protocolo está suspendido desde 2023 se trata de un convenio importante, que ofrecía un centenar de licencias para España, en su mayoría para barcos de zonas como Andalucía, Galicia y Canarias.
Garat y el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Andalucía (Facope), Manuel Fernández Belmonte, han dicho que la sentencia llega en un momento problemático para la flota del golfo de Cádiz y les resta opciones, en una coyuntura en la que Bruselas propone recortes en el boquerón y hay dificultades en la sardina.
