Lisboa (EFE).- El juicio sobre el colapso hace diez años del Banco Espírito Santo (BES) en Portugal comenzó este martes en medio de escenas de tensión ante la sede del Tribunal Central Penal de Lisboa, donde uno de los afectado por la caída de la entidad increpó al principal acusado, Ricardo Salgado.
El inicio del proceso despertó una gran expectación mediática y un gran número de periodistas estaban congregados en la entrada del juzgado, al que fueron llegando a primera hora los abogados de la defensa y la acusación.
Poco antes de las 09.30 hora local, (08.30 hora GMT), cuando estaba previsto el comienzo de la vista, el expresidente del BES apareció caminando con dificultad, apoyándose en el brazo de su esposa, y de uno de sus abogados, Francisco Proença de Carvalho.
Rodeado por una nube de cámaras de televisión y fotógrafos, Salgado fue increpado por uno de los afectados por el colapso del banco, que se identificó como Jorge Novo, quien previamente había lanzado gritos de protesta contra otros sospechosos en este caso.
¿Dónde está la provisión para los clientes?
Minutos después, en declaraciones a EFE, Novo, que se trasladó este martes a Lisboa desde Oporto, donde vive, explicó que quiere que el expresidente del BES responda por sus actos y señaló que en su día Salgado dijo que había dejado «una provisión» para resarcir a los afectados, exigida por el Banco de Portugal.
«Esa provisión era una almohada financiera para reembolsar a todos los afectados», dijo Novo, quien ahora se pregunta «¿dónde está la provisión?».
El afectado se mostró escéptico sobre la posibilidad de que vaya a haber justicia en este caso: «Nuestros Gobiernos son quienes tienen que resolver esta situación», lamentó.
Finalmente la policía tuvo que intervenir para facilitar la entrada de Salgado en el juzgado, donde el proceso comenzó un poco más tarde de lo inicialmente previsto por este episodio en la puerta.
La sala rechaza la suspensión del juicio
Ya dentro, la defensa del expresidente del BES solicitó a la jueza Helena Susano que su cliente fuera el primero de los acusados en ser identificado y que se le permitiera abandonar la sala y no comparecer en las próximas vistas del caso, lo que le fue concedido.
Según medios lusos, Salgado abandonó poco después el juzgado por el garaje para evitar a los periodistas.
La defensa del exresponsable del BES, que tiene 80 años, había solicitado la suspensión o el archivo del proceso en su contra alegando que padece Alzheimer, pero ayer, lunes, los magistrados rechazaron la petición.
«Es una justicia que atenta contra la propia dignidad», consideró este martes el letrado de Salgado, en declaraciones a la prensa a su salida del juzgado, donde remarcó que su defendido «no tiene consciencia, porque tiene una enfermedad cuyos efectos son los que son».
A esta primera sesión también han asistido otros sospechosos formales de este caso como el que fuera contable del BES Francisco Machado da Cruz, quien también fue increpado por Novo en la puerta del juzgado.
La fiscalía estima un agujero de casi 12.000 millones de euros
Este es uno de los mayores procesos de la historia de Portugal, con más de quince individuos imputados, entre ellos Salgado, y siete empresas que afrontan cargos; casi 2.000 efectivos; unos 700 testigos.
El caso se remonta al 3 de agosto de 2014 cuando el BES fue intervenido por el Banco de Portugal, lo que causó un gran conmoción en el país, ya que hasta ese momento el Grupo Espírito Santo (GES) era el mayor emporio empresarial luso con actividades que abarcaban desde el sector seguros a la agricultura y el turismo, pasando por el financiero.
Los delitos que se van a enjuiciar son más de 300, todos ellos relacionados con la supuesta falsificación de la contabilidad del holding Espírito Santo Services entre 2009 y 2014, origen del colapso del GES y la intervención del Banco Central.
Sobre Salgado, que dirigió el BES entre 1991 y 2014, recaen 62 cargos como asociación criminal, corrupción activa, falsificación de documentos, malversación y lavado de dinero. Inicialmente eran 65 las acusaciones, pero tres prescribieron.
La fiscalía calcula que la caída del Grupo Espirito Santo ocasionó perjuicios superiores a 11.800 millones de euros.
