Madrid (EFE).- El despacho de abogados Equipo Económico, del que formó parte el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, ha negado «de forma tajante y rotunda» en un comunicado haber pertenecido a ninguna organización o trama encaminada a obtener modificaciones legislativas favorables a empresas gasistas.
Un juez de Tarragona investiga al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro (PP) y a su equipo por supuestamente crear una «red de influencias» que impulsó modificaciones legislativas para favorecer a empresas gasistas a cambio de «importantes pagos» a la sociedad Equipo Económico (EE), de la que fue socio fundador y presidente.
En su nota, el bufete, que lamenta la indefensión que ha sufrido al haber permanecido el procedimiento judicial durante siete años en una situación de secreto de las actuaciones, aclara que Montoro dejó Equipo Económico a comienzos de 2008, y desde entonces ha permanecido completamente desvinculado de la firma.
El despacho fue contratado por la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) para, entre otros asuntos profesionales, realizar un asesoramiento jurídico-tributario de carácter estrictamente técnico, añade la nota.
Discriminación al resto del sector de los gases
Ello consistía entre otras funciones en realizar un análisis de la viabilidad de la plena aplicación de las previsiones de la directiva europea aplicable que permitía que los Estados, para mantener la competitividad de la industria, exoneraran o moderaran del impuesto a las actividades industriales intensivas en el consumo de electricidad.
En España, prosigue el documento, sólo se previó inicialmente para ciertas industrias, dejando fuera de forma discriminatoria al sector de los gases industriales, perjudicando su competitividad.
El trabajo se ejecutó de forma conjunta con una consultora de reconocida trayectoria, y consistió en la realización del análisis jurídico-tributario tanto de la directiva europea como de la trasposición realizada en otros estados miembros, así como del modo en que podría incorporarse a la legislación española.
Además de ponerse a plena disposición de la justicia, el bufete se reserva se reserva el derecho de ejercer cuantas acciones legales sean precisas en defensa de su buen nombre y prestigio profesional.
