Madrid (EFE).- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha trasladado una propuesta de sanción de 3,6 millones de euros contra Alquiler Seguro por vulnerar los derechos de los consumidores, un expediente generado tras las denuncias de organizaciones de consumidores como Facua.
Según ha indicado este lunes el ministro del ramo, Pablo Bustinduy, que no ha querido opinar sobre este procedimiento en curso, aunque su Ministerio tiene recursos limitados van a destinarlos todos a asegurar que ninguna empresa esté por encima de la ley en el mercado de la vivienda, donde ha asegurado que en los últimos años se ha impuesto la «ley de la selva».
Situación de indefensión
En una entrevista en TVE, ha subrayado que los inquilinos están en una situación de indefensión, en la que buscar un piso se ha convertido en una competición, se producen abusos y se «violenta» el derecho constitucional a una vivienda digna.
Consumo inició en marzo de este año un procedimiento sancionador contra Alquiler Seguro, después de que Facua denunciara a la empresa por sus cobros irregulares a inquilinos y otras deficiencias, una propuesta que pasa ahora a la fase de valoración y que se resolverá «en los próximos meses» una vez que las partes presenten sus posibles alegaciones, ha recordado Facua en una nota remitida este lunes.
En la resolución, que Consumo ha comunicado a Facua tal y como establece la ley al estar personada como parte en el procedimiento, se desgranan las numerosas irregularidades localizadas en los contratos que la inmobiliaria formaliza con los arrendatarios, como la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino que disfraza el cobro a los mismos de gastos que debe pagar el propietario.
También se les obliga a contratar un seguro del hogar, algo que también debe pagar el arrendador, y un estudio de solvencia económica, se limita el derecho de desistimiento del contrato y se imponen a los inquilinos el pago de todos los gastos derivados de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales.
Defiende congelación de precios de alquiler
El ministro ha defendido que se congelen los precios del alquiler y que se prorroguen tres años los contratos ya existentes, ya que, según ha recordado, en los próximos meses hay 300.000 contratos que van a llegar a su fin y eso implica que hay muchas familias que viven con la angustia de que cuando vayan a renegociar el alquiler se lo puedan subir un 30 % o un 40 %.
También ha apostado por otras medidas que van contra la acaparación y acumulación de viviendas aplicando medidas fiscales «muy gravosas» a quienes posean cuatro casas o más y también la prohibición de la compra especulativa de una vivienda en una zona tensionada.
El Ministerio de Consumo tiene varios expedientes y varias investigaciones contra plataformas de pisos turísticos que han forzado a Airbnb a retirar 65.000 anuncios. Después de estas decisiones, Booking también ha decidido retirar 4.000 pisos.
También tienen investigaciones a empresas gestoras de pisos turísticos y a inmobiliarias por, presuntamente, violentar los derechos de los inquilinos.
