Palma (EFE).- La campaña de inspección en verano del Consell de Mallorca contra la oferta turística ilegal ha permitido retirar unos de 4.400 anuncios de alquiler vacacional que no contaban con el correspondiente número de registro para poder operar, por lo que se han eliminado unas 20.000 plazas turísticas del mercado.
Así lo ha explicado este miércoles el responsable insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, que ha hecho balance de la reciente campaña de inspección contra la oferta ilegal, que arrancó el pasado 15 de mayo y se prolongó hasta la pasada semana.
Competencia «muy dañina» para el sector
Rodríguez ha insistido en la importancia de los acuerdos alcanzados contra la oferta ilegal con plataformas comercializadoras como Airbnb y Holidu, con el fin de erradicar una actividad ilegal que supone una competencia «muy dañina» para el sector.
«Es un paso decisivo, con el añadido de que se mantiene el compromiso por parte de las plataformas para que se pueda seguir desactivando cualquier anuncio no autorizado o con ilegalidades», ha afirmado.
Según los datos del Consell de Mallorca, el Servicio de Inspección y Sanción ha cerrado la campaña de verano con 3.043 actuaciones, un 19,1 % más que el pasado ejercicio, cuando la campaña duró un mes menos que la de este 2025.
Inspecciones
Como ha apuntado Rodríguez, el 55 % de las inspecciones realizadas por parte de los 27 inspectores que forman el servicio se centraron en la oferta turística ilegal. En detalle, 1.659 fueron en la oferta ilegal y el resto, 1.384 actuaciones, fueron dirigidas a la legal.
Sobre los expedientes en marcha por la oferta de alquiler turístico ilegal, ha comentado que la plataforma Holidu, con la que el Consell alcanzó un acuerdo de colaboración, ya solo anuncia inmuebles legales en su página web.
Durante la última campaña, el servicio de inspección abrió 144 actas de infracción contra la oferta ilegal y 138 actas en el caso de la oferta legal.
Otra de las líneas de acción de este servicio va dirigida a la implantación de las camas elevables, con una campaña que está formada por 100 establecimientos y de los cuales 77 ya han aportado la documentación requerida para ser analizada. Ha recordado que los establecimientos hoteleros tienen de tiempo hasta 2028 para justificar el cumplimiento de la norma.
«El plan implementado funciona»
«El plan implementado funciona. Es el adecuado a pesar de las voces que lo criticaron y permite luchar contra la oferta ilegal», ha defendido el responsable de Turismo en la isla, que también ha destacado los 180 expedientes abiertos a lo largo del año y los 221 resueltos.
Respecto al importe total propuesto de los expedientes abiertos, éste ha sido de unos 10 millones de euros, más del doble de lo propuesto en 2024.
