Ciudad de México (EFE).- El Senado mexicano aprobó este miércoles la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (Ligie) que impone aranceles de entre 5 y 50 % a unos 1.463 productos de China y otros países asiáticos con los que no existe un tratado comercial, en sectores como el textil, aluminio o plásticos a partir del 1 de enero de 2026
La aprobación de la ley, por iniciativa de la presidenta, Claudia Sheinbaum, se dio con 76 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones.
La minuta, que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados y que se consideró como «urgente resolución», no tuvo reservas y fue enviada al Ejecutivo Federal.
En un comunicado, el Senado indicó que la ley «busca implementar acciones concretas que permitan una interacción equilibrada del mercado», para evitar distorsiones económicas que puedan afectar la relocalización de los sectores productivos considerados estratégicos para México, así como la atracción de nuevas empresas e industrias de alto valor agregado.
Medidas para corregir distorsiones comerciales
Así, impone aranceles a 1.463 productos de sectores industriales, como el textil, el siderúrgico o los electrodomésticos, provenientes de países con los que México no tiene un tratado comercial y tienen una «participación significativa» en el flujo comercial del país, principalmente países asiáticos como China, Corea del Sur, India, Vietnam o Tailandia.
El proyecto representa una «propuesta estratégica» para fortalecer la capacidad productiva del país, ya que busca «corregir distorsiones comerciales», prácticas desleales y la alta dependencia de importaciones, de tal manera que permitirá implementar medidas que garanticen igualdad de oportunidades y competencia en productos mexicanos, de acuerdo al senador Emmanuel Reyes, del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Por su parte, el senador opositor del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Márquez, señaló que «los aranceles por sí solos no garantizan el fortalecimiento industrial porque son temporales, lo ideal es que exista una política integral que acompañe la reindustrialización y la sustitución de importaciones».
China exige a México que retire los aranceles
Por su parte, China expresó horas después su «esperanza» de que México «corrija sus prácticas erróneas de unilateralismo y proteccionismo lo antes posible» para más de 1.400 productos provenientes del gigante asiático y otras naciones de la región.
«Las medidas dañarán de manera considerable los intereses de socios comerciales como China», denunció un portavoz del Ministerio de Comercio del país asiático, quien reclamó a México que colabore con Pekín para «proteger conjuntamente la situación general de las relaciones económicas y comerciales bilaterales».
El vocero recordó asimismo que el Ministerio abrió el pasado mes de septiembre una investigación sobre barreras a la inversión contra México, y que estas pesquisas «prosiguen su curso».
El comercio «seguirá de cerca la aplicación y el impacto» de los gravámenes mexicanos, aunque reconoce que el paquete aprobado presenta tasas «reducidas hasta cierto punto» a algunos componentes para automoción, productos industriales ligeros o textiles en comparación con la propuesta del pasado mes de septiembre.
México se prepara para el futuro del T-MEC
Este giro proteccionista de México se produce cuando el país se prepara para la revisión del Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), previsto para el próximo año en medio de las amenazas constantes por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.
Los productos afectados por esta nueva ley representan cerca de 52.000 millones de dólares en las importaciones, lo que equivale al 8,6 % del total nacional.
De las 1.463 fracciones arancelarias a modificar 706 correspondientes a textiles, 249 productos de hierro y acero, 94 automóviles y partes y 81 a plásticos.
Además, 316 de estas fracciones no están sujetas actualmente al pago de aranceles, mientras que el resto sí cuenta con alguna tarifa vigente, mientras que 341 fracciones tienen un arancel del 35 % y 302 aplican una tasa del 10 %.
El Ejecutivo federal estima que la reforma facilitará la protección de más de 320.000 empleos en riesgo, ubicados en regiones como Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y Querétaro.
