Madrid (EFE).- El ministerio de Consumo ha sancionado con 64 millones de euros a la plataforma en línea de alquiler de viviendas turísticas Airbnb por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia.
La resolución deviene firme y agota la vía administrativa después de haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, según ha comunicado el ministerio este lunes.
Además, implica dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados, y a hacer pública la multa impuesta.
Otras infracciones
Las infracciones de la normativa de consumo, identificadas en 65.122 anuncios en Airbnb, son, además de anunciar alojamientos sin licencia, publicar anuncios que indican un número de registro que no se corresponde con los que se utilizan en dichos anuncios turísticos.
A estas, catalogadas como infracciones graves, se les impone una sanción de 64,05 millones de euros, equivalente a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb durante el tiempo en que permanecieron publicados los anuncios desde el apercibimiento formulado por parte del ministerio hasta su retirada por la plataforma.
Asimismo, se sanciona a Airbnb por incumplimiento del régimen u obligaciones de los contratos celebrados a distancia, como omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión del alojamiento turístico publicitado.
También se multa a la plataforma por obstrucción o negativa a suministrar datos tras negarse Airbnb a responder a los requerimientos de Consumo durante la instrucción de este expediente, así como por incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos mediante medidas provisionales durante la tramitación del expediente.
Tras conocer la noticia, la asociación de consumidores Facua ha celebrado la sanción y ha destacado que se trata de la segunda mayor multa de la historia, solo superada por los 108 millones con los que sancionó a la aerolínea Ryanair por cobrar recargo por el equipaje de mano.
En un comunicado, Facua señala que las autoridades autonómicas de protección al consumidor «deberían tomar nota y empezar a actuar de una vez con contundencia ante fraudes inmobiliarios como estos».
También la asociación de usuarios financieros Asufin se ha mostrado de acuerdo con la multa y ha asegurado que las plataformas de base tecnológica como Airbnb «no pueden pretender ser un mero intermediario que se lleve sólo los beneficios sin asumir ninguna responsabilidad» sobre los anuncios que publica.
Bustinduy alerta de que puede haber más multas millonarias
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha advertido este lunes de que su departamento cursa otros expedientes sancionadores similares al ejecutado contra la plataforma en línea de alquiler de viviendas turísticas Airbnb, multada con más de 64 millones de euros.
Bustinduy no se ha podido pronunciar sobre las empresas que pudieran estar inmersas en los citados nuevos expedientes sancionadores, pero ha afirmado que «responden al mismo propósito sobre la erradicación de las prácticas abusivas» en materia de vivienda.
El ministro ha asegurado, sobre la sanción a Airbnb, que los 65.122 anuncios irregulares que han motivado la actuación ya no existen y que fueron retirados en su momento de la plataforma.
«Esta sanción demuestra que los poderes públicos actúan con determinación y que ningún actor económico puede eludir sus obligaciones», ha señalado Bustinduy.
Airbnb recurrirá la sanción de Consumo
La plataforma de alquiler de viviendas vacacionales Airbnb recurrirá la multa impuesta por el Ministerio de Consumo y asegura que ha cumplido «en todo momento» la normativa aplicable en España a los alquileres de corta duración.
En una comunicación de la compañía remitida este lunes a los medios, Airbnb defiende que la sanción es contraria al marco legal español y europeo, por lo que la recurrirá.
Añade que desde la entrada en vigor de la nueva normativa sobre los alquileres de corta duración, el pasado 1 de julio, ha colaborado con el Ministerio de Vivienda en su puesta en marcha y más de 70.000 anuncios han añadido un número de registro, por lo que siguen disponibles para reservar en la plataforma.
La compañía entiende que debe ser regulada como un servicio de la sociedad de la información y no como un agente inmobiliario, por lo que presta servicios de intermediación de la sociedad de la información y no el servicio final de hospedaje, como dictaminó en diciembre de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (UE).
