Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La Guardia Civil investiga una red de desguaces con sedes en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote que presuntamente falsificaba certificados ambientales en colaboración otro desguace de la Comunidad de Madrid para ocultar la gestión irregular de cientos de vehículos de gran tonelaje pertenecientes a una importante empresa de transportes.
Según ha informado este lunes la Comandancia de Las Palmas, la operación, llamada ‘Dilanio’, se ha saldado con la clausura de tres desguaces clandestinos y la investigación de ocho personas físicas y tres jurídicas por presuntos delitos continuados contra el medio ambiente y falsificación documental.
Las primeras pesquisas se iniciaron cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Las Palmas detectó una instalación no autorizada dedicada a la gestión ilícita de residuos, ubicada en suelo rústico protegido.
En su interior se localizaron 44 vehículos de gran tonelaje, tanto completos como semidesguazados, procedentes de desguaces legalmente constituidos con los que se mantenían acuerdos comerciales.
Los trámites de baja de estos vehículos se gestionaban formalmente a través de esos desguaces, lo que permitía enmascarar el origen irregular de las operaciones, asegura la Guardia Civil.
A medida que avanzaba la investigación, los agentes comprobaron que una empresa de transporte había entregado más de 240 vehículos de gran tamaño a un desguace ubicado en Madrid con el objetivo de proceder a su baja y posterior tratamiento medioambiental.
Sin embargo, dicho establecimiento los revendía como chatarra, obteniendo beneficios económicos significativos y desviando los vehículos hacia otros desguaces de la provincia de Las Palmas, donde se falsificaban los certificados medioambientales necesarios para acreditar su correcta gestión.
Como resultado de la operación, se procedió a la clausura de dos desguaces clandestinos y un tercero en proceso, todos ellos situados en terrenos rústicos protegidos que abarcaban una superficie superior a 40.000 metros cuadrados.
Estas instalaciones operaban bajo la cobertura de desguaces autorizados ubicados en zonas industriales, que emitían la documentación falsificada mientras parte de los vehículos eran trasladados sin descontaminar o solo parcialmente tratados.
El Seprona ha constatado además que las actividades investigadas implicaban la liberación de gases fluorados a la atmósfera durante el desmantelamiento de los vehículos, sin ningún tipo de control técnico.
Se estima que más de 10.000 vehículos fueron manipulados de este modo durante los últimos cuatro años, generando una emisión equivalente a unas 1.500 toneladas de CO2.
La Guardia Civil ha practicado numerosas tomas de muestras y elaborado informes periciales que refuerzan la gravedad del impacto medioambiental causado, resalta la Comandancia de Las Palmas. EFE
