Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes un real decreto-ley en materia de vivienda con una bonificación fiscal del 100 % en el IRPF para los propietarios que no suban el precio del alquiler, una medida que Sumar ha asegurado que no apoyará en el Congreso, al igual que Podemos y EH Bildu.
En el acto de la demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento (Madrid), Sánchez ha avanzado que el Ejecutivo aprobará el real decreto en las próximas semanas y que también incluye una limitación de los contratos de alquiler de temporada y de habitaciones para poner fin al uso fraudulento.
Según ha dicho, se fijarán condiciones más estrictas para el alquiler de temporada y un régimen sancionador para quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración.
Para poner freno al abuso del alquiler de habitaciones, se establecerá que la suma de la renta de todas ellas no podrá superar el precio del contrato de la vivienda completa y en zonas tensionadas se aplicarán los mecanismos de control de precios que recoge la ley de vivienda.
Sumar no lo apoyará
Desde Sumar, sus socios en el Gobierno de coalición, han rechazado los incentivos fiscales a los propietarios y han avanzado que en esos términos la propuesta del PSOE no contará con su apoyo en el Parlamento.
«Regalar dinero público a los rentistas es un grave error», ha subrayado la líder de Sumar, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha asegurado que las bonificaciones fiscales para contener los precios de los alquileres constituyen una medida «ineficaz» e «injusta» y ha vuelto a defender la prórroga inmediata y obligatoria de los 600.000 contratos de arrendamiento que terminan este año.
Bustinduy ha insistido en que la medida anunciada por Sánchez «no va a funcionar» y ha hecho hincapié en que la congelación de las rentas «no puede ser una cosa opcional que dependa de la buena voluntad de un casero o de otro», sino que tiene que ser «un derecho de los inquilinos».
Además, desde Sumar califican la propuesta de unilateral y sostienen que se han enterado de ella por los medios de comunicación.
Podemos y Bildu también en contra
Otros grupos parlamentarios a la izquierda del PSOE también han rechazado la medida, entre ellos EH Bildu y Podemos, así como los sindicatos de inquilinos.
La eurodiputada Irene Montero ha avanzado que Podemos votará en contra de hacer «regalos» a los «rentistas» y ha dicho que las calles «tienen que arder de movilizaciones» hasta resolver la grave crisis de vivienda que sufre España.
Para el diputado de EH Bildu Oskar Matute, «lo que debe hacer el Gobierno es prorrogar automáticamente los contratos de alquiler que vencen este 2026, no regalar dinero público a los caseros para que ganen aún más».
«Es una tomadura de pelo que pretendan librar de pagar impuestos a quienes ya cobran alquileres desorbitados», ha señalado en la red social X.
Tras las críticas de sus socios Pedro Sánchez les ha quitado importancia y se ha mostrado convencido de que tanto Sumar como otros aliados parlamentarios acabarán apoyando la medida.
El PP por el momento no ha dado su opinión, en el día en que su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado el plan de vivienda del partido, que plantea vincular el modelo de financiación autonómica y las reglas de gasto de los excedentes de los ayuntamientos al impulso de políticas de vivienda.
Cautela en el sector
El sector inmobiliario ha reaccionado con cautela al anuncio de Sánchez y la asociación que representa a los grandes caseros en España (Asval) ha dicho que va a esperar a ver el decreto para poder valorar su contenido.
Desde pisos.com, su director de Estudios, Ferran Font, sí ha opinado que «iniciativas fiscales como la anunciada hoy podrían incentivar a los propietarios a mantener los precios estables y contribuir a un mercado más equilibrado».
Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) considera que la bonificación fiscal del 100 % va en la «buena dirección», pero cree que no será determinante si no va acompañada de medidas que doten de seguridad jurídica a los propietarios para aumentar la oferta.
Asimismo, entiende que exigir que la suma de las rentas de las habitaciones no supere el alquiler de la vivienda completa carece de lógica económica y hará inviable este modelo dejando fuera a miles de estudiantes y ciudadanos que no pueden permitirse otra opción.
Desde Facua apuntan a que el Gobierno renuncia una vez más a recaudar impuestos como «cortina de humo» para no emprender medidas de calado contra la especulación inmobiliaria.
