Madrid (EFE).- El centro de análisis Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros) estima que unos 840.000 migrantes viven en España en situación administrativa irregular, lo que significa un 17,2 % de la población extranjera procedente de países no comunitarios.
Se trata de una estimación realizada a partir de la diferencia entre la población que reside efectivamente en España según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y las personas extranjeras que sí tienen permiso de residencia, son beneficiarios de protección internacional o están en trámites de conseguirlo.
Estos datos, relativos al 1 de enero de 2025, apuntan a un crecimiento notable y sostenido del número de extranjeros en situación irregular desde 2017, cuando la cifra estimada ascendía a unos 107.000, el 4,2 % de la población extracomunitaria residente en España.
Por origen, destacan las nacionalidades del continente americano (760.000), que representan el 91 % del total de la inmigración irregular, y en especial la colombiana (cerca de 290.000), la peruana (casi 110.000) y la hondureña (90.000), mientras que las nacionalidades africanas (50.000), asiáticas (15.000) y europeas (14.000) se encuentran a bastante distancia.
El nuevo reglamento no reducirá las cifras de irregularidad
Los datos son anteriores a la última reforma del reglamento de extranjería, que entró en vigor en mayo del 2025 e introduce cambios para flexibilizar el acceso a la regularización por arraigo, por lo que «tendería, en principio, a reducir la cifra de irregulares».
Sin embargo, Funcas precisa que, si mantienen las dinámicas actuales, aunque se cumplieran las estimaciones del Gobierno -que la nueva normativa permita regularizar a 900.000 personas en tres años- el número de residentes en situación irregular no disminuiría, sino que se estabilizaría.
Una «escasa planificación» de la política migratoria
Para la directora de Estudios Sociales de Funcas, María Miyar, las cifras vuelven a demostrar «los rasgos del modelo migratorio español de los últimos 25 años», que «asume que una proporción notable de los inmigrantes pasan por un largo periodo en la irregularidad antes de conseguir la regularización administrativa».
El centro de análisis llama la atención sobre la «escasa planificación de la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen de inmigrantes que se reciben ni sobre sus características».
Si bien reconocen que el nuevo reglamento «contribuirá, seguramente, a la integración social de muchos inmigrantes», este «sigue sin implicar planificación».
Para reducir de verdad las cifras, el informe apunta a la necesidad de medidas que mejoren el manejo de los flujos migratorios y que se enmarquen en una estrategia amplia de crecimiento económico y productividad, orientando la inmigración hacia sectores de la economía con escasez de mano de obra y con requerimientos de cualificación.
