Madrid (EFE).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró este martes que no se plantea más ceses «de momento» por los accidentes ferroviarios tras los anunciados ayer en Rodalies y Adif, y además mostró su «sorpresa» por las declaraciones del presidente de la Comisión de Investigación que analiza el descarrilamiento en Adamuz.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Puente ha dicho este martes que no va entrar en ningún debate público con el presidente de la CIAF, en cuestiones «en las que no deberíamos estar» y ha explicado que se trata de algo «irrelevante» desde el punto de vista de la seguridad.
«Cualquier disquisición sobre la renovación o no de unos tramos de carril, en concreto en los puntos del accidente, es intrascendente desde el punto de vista que ahora nos preocupa, que es el de la seguridad», ya que, según Puente, es algo que no ha tenido «ninguna incidencia» en los motivos del accidente.
Renovación de la vía «integral»
Al ministro le produce «sorpresa» que el presidente de la CIAF defienda que había entendido que la renovación de la vía era «integral» y explica que «se llama así porque se renueva la línea de extremo a extremo», lo que no quiere decir, añade, que se sustituyan todos los elementos de la vía.
Depende del estado en que se encuentren la vías y en función de esa situación se renueva lo que se considera, ha añadido Puente, que ha detallado que ha habido 88 procesos de contratación para la renovación de la línea Madrid-Sevilla, que son públicos y se pueden consultar en la web de del gestor ferroviario, Adif.
«No hay nada de extraño en soldar carriles de distintas épocas», sino que «es algo que se hace todos los días en todas las vías de Europa», ha defendido el ministro.
Puente ha explicado que no se plantea «de momento» más ceses como consecuencia del accidente de Adamuz (Córdoba) -que dejó 45 muertos-, del de Gelida (Barcelona) y de los recurrentes incidentes en las Rodalies catalanas.
El Ministerio de Transportes comunicó el lunes los ceses del director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany, y del director general de Operaciones y Explotación de Adif, Raúl Míguez, por el caos en la red ferroviaria en Cataluña.
Preguntado por si habrá más ceses, Puente ha dicho: «Me estoy pronunciando en el aire; cuando llegue el momento, veremos a ver si ha habido errores, si no se han sabido detectar…», pero ha añadido: «No me planteo en este momento que haya más».
Indemnización por fallecido en los accidentes ferroviarios
La indemnización por fallecimiento en los recientes accidentes ferroviarios será de 210.000 euros y los afectados la percibirán en un máximo de tres meses, según planea el Gobierno, que ha aprobado este martes un paquete de ayudas inmediatas y adelantos por un total 20 millones de euros.
«En un plazo no superior a tres meses, una victima por fallecimiento recibirá 216.000 euros, de los cuales (…) 72.000 serán a fondo perdido, 72.000 como anticipo a cargo del seguro de responsabilidad civil y 72.000 como consecuencia del seguro obligatorio” (que establece precisamente esa cifra), ha explicado el ministro de Transportes, Oscar Puente, en rueda de prensa.
El ministro ha dado cuenta así de del real decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros y que incluye un paquete económico dotado de 20 millones de euros que pretende acelerar la percepción de ayudas por parte de los afectados y evitar así las esperas propias de los procedimientos ordinarios de los seguros.
Concretamente, por cada una de las 46 víctimas mortales en los recientes accidentes ferroviarios, el Gobierno va a abonar inmediatamente 72.000 euros en concepto de indemnización a fondo perdido, exenta de tributación, y otros 72.000 como anticipo a las cantidades que «eventualmente y en su día percibirán las víctimas con cargo al seguro de responsabilidad civil», ha detallado Puente.
A esa cantidad se sumarán otros 72.000 euros derivados del seguro obligatorio, que tiene tres meses para asigne el baremo a cada víctima en función de las lesiones de cada una, según se establece en el texto aprobado este martes por el Consejo de Ministros y que se publicará el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Los tiempos de Justicia no siempre responden a la «urgencia vital»
Puente ha explicado que “los procedimientos ordinarios y los tiempos judiciales no siempre responden a la urgencia vital de quienes han sufrido una tragedia como esta” y ha defendido que las víctimas no pueden esperar, como ha ocurrido en accidentes pasados, para recibir apoyo económico.
El paquete de ayudas aprobado este martes ascienden a 20 millones de euros: 10 millones en ayudas «urgentes» y otros 10 millones en anticipos. Todas ellas son complementarias a los planes, seguros y coberturas previstas en la ley para las víctimas de accidentes ferroviarios y, por tanto, compatibles con las indemnizaciones obligatorias por responsabilidad civil.
En el caso de indemnizaciones por lesiones corporales, el ministro ha explicado que las ayudas se estructuran según el baremo existente y varían desde los 2.400 euros en los casos de menor entidad hasta los más de 84.000 en los casos de mayor gravedad.
«No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una indemnización», ha señalado Puente, quien ha especificado que las cantidades -que se abonarán en un único pago- y el resto de ayudas con un «compromiso con las 46 personas fallecidas, las 164 heridos, con sus familias y con el conjunto de la ciudadanía».
El ministro ha hecho referencia a los «graves» accidentes ocurridos la semana pasada, cuando ha apuntado que en tres días España vivió dos tragedias ferroviarias de «magnitud excepcional», en referencia al accidente de Adamuz (Córdoba) y al de la red de Rodalies en Cataluña.
En paralelo, Puente ha señalado que van a iniciar las modificaciones normativas necesarias para articular un mecanismo de intervención pública mediante el cual el Estado pueda acordar asumir, atendiendo a diversos factores, el abono de un porcentaje de las indemnizaciones correspondientes a los daños personales en los accidentes de transporte colectivo, sin perjuicio de la responsabilidad civil.
