Madrid (EFE).- El informe encargado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a un comité de expertos internacionales sobre la democracia en el trabajo propone que al menos un 2 % de la empresa sea propiedad o esté gestionada por los trabajadores, un porcentaje mínimo que sube al 10 % para las grandes corporaciones.
«Dos promesas para quienes trabajan: Voz y Propiedad»
El informe presentado este lunes bajo el titulo «Dos promesas para quienes trabajan: Voz y Propiedad», también propone que un tercio de los puestos del consejo de administración lo ocupen los trabajadores en el caso de las empresas con entre 50 y 1.000 empleados, un peso que sube hasta la mitad de las sillas en las de más de 1.000.
«Vamos a hacer una ley con estos mandatos y abriremos una mesa de diálogo social», ha señalado Díaz en la presentación del informe, donde ha explicado que la democracia de las empresas es «la gran reforma pendiente» y que el Gobierno se pone en marcha para cumplir con ese mandato constitucional.
«Un tercio de nuestro día los pasamos bajo techos sin control democrático (…) esto debe ser corregido», ha dicho la vicepresidenta, que ha incidido en que «una empresa sin la voz de los trabajadores es como un Parlamento sin el voto de la ciudadanía».
Fortalecer las normas de los comités de empresa
Por su parte, la presidenta de la comisión de expertos que ha elaborado el informe, Isabelle Ferreras, ha explicado que la gobernanza corporativa no cumple con lo que mandata el articulo 129.2 de la Constitución y que España es de los países menos desarrollados en Europa tanto en el acceso a la propiedad de las empresas, como en la participación en las decisiones.
«Hay que completar la transición democratizando las empresas», ha reclamado Ferreras, que ha dicho que «no es un lujo, es un mandato constitucional que se ha transformado en una necesidad».
El informe también propone fortalecer las normas de los comités de empresa, especialmente en lo que tiene que ver con el derecho a la información y la consulta en los procesos de toma de decisiones.
Y aboga por un nuevo derecho de estos comités a configurar y dar su consentimiento a las herramientas de inteligencia artificial (IA) incluyendo el derecho a «vetar», si es necesario, todas las decisiones relacionadas con el despliegue y la introducción de estos sistemas.
Un índice que incentive a las empresas más democráticas
Asimismo, la comisión plantea que, en función del cumplimiento de esos puntos, cada empresa reciba una calificación en el denominado «Índice de Desarrollo Democrático Corporativo».
Este índice se utilizará posteriormente en un mecanismo de incentivos tipo bonus/malus, diseñado para recompensar niveles mayores de acceso a la participación y la propiedad y desincentivar niveles más bajos.
Este índice, propone, «guiará un marco político que movilizará subsidios públicos, tipos impositivos corporativos, beneficios fiscales o acceso privilegiado a la contratación pública».
El informe apunta que la reforma se aplicaría a todas las empresas españolas, con una posible exención para las pymes de menos de 50 empleados, y confía en que el sistema de bonus-malus, combinado con un marco regulatorio asociado, «podría generar efectos económicos positivos, incluyendo aumento de la actividad empresarial, inversiones y salarios; reducción del desempleo; y una posible disminución de la deuda pública».
El Ministerio de Trabajo creó el 21 de febrero de 2025 un comité de expertos para tal fin, presidido por la socióloga Isabelle Ferreras y reuniendo a especialistas en ciencias sociales, derecho laboral, economía, filosofía política, gobernanza empresarial e inteligencia artificial.
