Madrid (EFE).- El Tribunal Supremo ha dado la razón a Sumar y ha reconocido su derecho a obtener la información desglosada de los intereses por facilidades de depósito que el Banco de España pagó a las entidades de crédito durante 2022 y 2023, datos que el banco central se negó a proporcionarle en junio de 2024.
En una sentencia fechada el pasado 24 de febrero a la que ha tenido acceso EFE, la sala de lo contencioso estima el recurso de los tres diputados, apoyado por la Fiscalía, contra la sentencia dictada en enero de 2025 por la Audiencia Nacional.
La Audiencia consideró entonces que la negativa del gobernador del Banco de España a facilitar la información pedida no había supuesto una infracción del ordenamiento jurídico.
La facilidad de depósito es un instrumento de política monetaria que permite a las entidades financieras realizar depósitos a un día en los bancos centrales nacionales y recibir una remuneración al tipo de interés establecido por el Banco Central Europeo (BCE).
La ley no incluye a las Cortes Generales
En su sentencia, el Supremo destaca que la ley de 2014 de entidades de crédito no incluye a las Cortes Generales en la reserva que pesa sobre la información en poder del Banco de España, y se limita a contemplar una posible salvaguardia.
Se trata de la facultad de que el gobernador del Banco de España inste a que dicha información -que, en todo caso, debe entregar- no sea examinada en sesión abierta y pública, sino en sesión secreta, o incluso que sea considerada como secreto oficial.
«Habría sido muy difícil (…) que la ley impidiese a las Cortes Generales acceder a alguna clase de información a disposición del Banco de España, dado que el poder de las Cámaras de conocer información en manos del Gobierno y de las entidades públicas es un elemento crucial de la democracia parlamentaria», destaca la Sala.
El Supremo recuerda además que el artículo 109 de la Constitución indica de forma clara que «las Cámaras y sus comisiones podrán recabar, a través de los presidentes de aquéllas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las comunidades autónomas».
Que el Banco de España es una autoridad del Estado «no puede ser puesto en tela de juicio», añade la sentencia.
Representantes del pueblo español
El Supremo entiende que si el Banco de España debe facilitar dicha información a los organismos del Estado también tienen derecho a acceder a ella los tres diputados, que no son particulares sino representantes del pueblo español que ejercen una función esencial de control político.
Si se estableciera un criterio distinto con respecto al seguido para el pleno y las comisiones, podría ocurrir que los diputados de la oposición necesitaran del apoyo de la mayoría para acceder a la información del Banco de España, concluyen los magistrados.
En 2023, la remuneración que recibieron los bancos por su facilidad de depósito alcanzó los 7.805 millones de euros -el 65 % de sus beneficios en España- frente a los 1.215 millones de 2022, según los datos facilitados por el Banco de España a Sumar.
Los diputados de Sumar sostenían que, como consecuencia de ello, el Banco de España registró pérdidas en su cuenta de resultados, que fueron compensadas con provisiones y el ingreso de 2.000 millones que el organismo suele hacer anualmente en el Tesoro procedente de sus beneficios se redujo a cero.
Esto supuso un «importante menoscabo» en las posibilidades de financiar políticas públicas, según Sumar.
