Madrid, 17 mar (EFE).- El Gobierno contempla la posibilidad de topar al 2 % la actualización del precio de los alquileres residenciales firmados antes de la entrada en vigor de la ley de vivienda (26 de mayo de 2023), dentro del decreto ley de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio y que tiene previsto aprobar este viernes.
El PSOE ha ofrecido en las últimas horas a Sumar incluir esta medida, ante la presión que está ejerciendo su socio en el seno del Ejecutivo para incorporar en el decreto la prórroga de los contratos de arrendamiento que vencen este año, aseguran a EFE fuentes conocedoras de la negociación.
Aprobado en 2022
El tope extraordinario del 2 % que proponen los socialistas ya se aprobó en 2022 -vinculado a la guerra de Ucrania- y estuvo vigente, mediante prórrogas, durante 21 meses, hasta finales de 2023.
El Tribunal Supremo, en una sentencia del pasado enero, avaló la constitucionalidad de esta medida, que en Sumar consideran «absolutamente insuficiente».
Los contratos de alquiler anteriores a la entrada en vigor de la ley de vivienda se actualizan con el IPC interanual, que en febrero se ha situado en el 2,3 %, mientras que los posteriores se actualizan con el índice para alquileres, que en febrero subió al 2,16 %.
Críticas desde Sumar
Desde Sumar critican que el tope del 2 % no tiene «impacto real», mientras que los socialistas consideran que esta medida protege a los inquilinos de eventuales picos inflacionistas que pudieran derivarse en el futuro de la guerra en Oriente Próximo.
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha insistido en rueda de prensa en que la prórroga de los contratos es para ellos la «prioridad absoluta» en la negociación y la «medida central» en la que están poniendo todo su empeño.
