Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que regula el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que moviliza 7.000 millones de euros, el triple que el anterior plan, con el objetivo de elevar y proteger para siempre el parque público y protegido a precios asequibles.
Según ha indicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se trata de un paso importante para dar solución al problema de la vivienda de hoy y para siempre y recalca que «no valen parches», ni hay una «varita mágica» y que la ciudadanía está demandando un acuerdo de país en torno a la vivienda.
Además, ha subrayado que es el plan con mayor diálogo y colaboración (más de 28 encuentros, 400 aportaciones del sector recibidas y es la primera vez que lo estudia el Consejo de Estado).
Este plan recoge que el 60 % de la inversión proceda del Gobierno de España y el 40 % lo aporten las autonomías, que verán multiplicados por tres sus fondos para el desarrollo de políticas públicas que garanticen la asequibilidad y protección permanente de la vivienda.
Tras las reuniones de la próxima semana, está previsto que durante el segundo semestre del año comenzarán a desplegarse los efectos del plan en todas las CCAA.
Novedades que recoge
Entre las novedades se encuentra el blindaje de la vivienda pública y protegida para que nunca se pueda especular con ella; una cláusula antifraude en las adjudicaciones para evitar casos como lo ocurrido en Alicante y deberán hacerse con criterios objetivos medibles, transparentes y trazables, aunque el Ministerio ejercerá un doble control o datos públicos al servicio del interés general para dar transparencia al mercado y acabar con los «bulos» y los intereses privados.
Además se crea un grupo de trabajo para hacer seguimiento de plan.
Del total de fondos, un 40 % irán destinados a la construcción, un 30 % a la rehabilitación y otro 30 % a las ayudas.
Ayudas a jóvenes y vulnerables
-Ayudas a jóvenes por 300 euros para el pago del alquiler y ayuda para la compra de una vivienda rural de hasta 15.000 euros para jóvenes de hasta 35 años.
-Ayudas a mujeres víctimas de violencia de género, con un máximo de 1.000 euros/mes.
-Ayuda general al alquiler por 250 euros para personas con recursos limitados.
Hincapié en la construcción
-Ayudas a la construcción de vivienda pública o en régimen de colaboración público-privada con hasta 85.000 euros por vivienda. Tendrán un precio máximo de alquiler de 900 euros/mes y estarán para siempre protegidas. Si están en municipios de menos de 10.000 habitantes podrán destinarse a la venta manteniendo la protección.
-Ayudas para financiar la urbanización de suelos en los que se tenga previsto construir, al menos, un 40 % de vivienda protegida con hasta 8.000 euros por vivienda.
-Ayuda adicional de 8.500 euros por vivienda cuando se empleen técnicas de industrialización. Podrá ascender hasta 93.500 euros por cada vivienda nueva cuando se haya construido de forma industrializada.
-Una ayuda adicional de 8.500 euros cuando la nueva vivienda se construya en una zona de mercado tensionado.
-Ayudas a las CCAA para que puedan ejercer su derecho de tanteo y retracto o para que puedan adquirir vivienda de forma directa a través de la financiación del 70 % del coste de la adquisición. Puede ascender al 85 % si está en zona tensionada y se sacará a un alquiler máximo de 800 euros/mes.
-Cesión de viviendas a administraciones para alquiler asequible. Se ofrece una ayuda de 17.000 euros (25.000 en zona tensionada) a particulares que la cedan a la comunidad, que la pondrá a un máximo de 600 euros/mes hasta que se acabe el contrato. Se destinarán hasta 12.000 euros para financiar reformas a estas viviendas.
Ayudas a la rehabilitación
En este capítulo se recogen ayudas estructurales de hasta 8.000 euros por vivienda; ayudas de accesibilidad de hasta 13.000 euros; ayudas de rehabilitación energética de hasta 20.500 euros por vivienda o una ayuda extra de 30.000 cuando la vivienda a rehabilitar esté en un caso histórico o cuente con especial protección.
También ayudas a la rehabilitación de viviendas que lleven vacías más de 2 años con hasta 30.000 euros si se ponen en alquiler asequible 5 años (en medio rural será de 35.000 euros).
Rodríguez espera que se apruebe el decreto de Vivienda
Isabel Rodríguez espera que salga adelante el real decreto de vivienda para prorrogar los alquileres y subraya que el Gobierno en su conjunto está trabajando efectivamente para que se apruebe, ya que no se entendería que no fuera así.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, ha explicado que es un decreto que sale como consecuencia de la respuesta que el Ejecutivo, de manera excepcional, está dando para paliar las consecuencias que la guerra de Irán.
El decreto de vivienda permite prorrogar durante dos años los contratos de arrendamiento de la vivienda habitual cuya finalización esté prevista antes del 31 de diciembre de 2027.
Asimismo, establece una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta del 2 %, aunque si el arrendador no es «gran tenedor» ésta deberá llevarse a cabo con acuerdo entre las partes.
Respecto al CIS, ha indicado que efectivamente esta es la principal preocupación de la ciudadanía española, lo que exige de la especial atención y determinación de todas las administraciones públicas.
En este sentido, ha recalcado que el Gobierno de España está poniendo en marcha acciones y medidas dirigidas a dar respuesta a este problema y garantizar el derecho para que en el futuro no sea un problema o una crisis recurrente.
Sector inmobiliario y partidos minimizan el impacto del Plan
Distintos operadores del sector inmobiliario y partidos políticos han coincidido este martes en que el impacto del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 tendrá una incidencia muy limitada en el mercado y en la reducción de los precios.
El propio socio del PSOE en el Gobierno, Sumar, ha calificado el plan de «muy insuficiente», tanto por el presupuesto como porque no incluye medidas regulatorias ni fiscales.
Su portavoz de Vivienda en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha señalado que los 7.000 millones de euros con que está dotado el plan es un 30 % menos que en el periodo 2009-2012, aunque ha aplaudido dos medidas, a su juicio «fundamentales»: que la vivienda protegida no se pueda vender y la claúsula para evitar que se repitan presuntos fraudes en las adjudicaciones, como el que se investiga en Alicante.
También en rueda de prensa, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha criticado que el dinero que van a destinar las administraciones públicas en su conjunto, es decir, el Estado más las comunidades autónomas, a la vivienda hasta 2030, «es el equivalente a lo que gasta España en gasto militar en apenas dos meses y medio».
En nombre del PP, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, ha enmarcado que el nuevo Plan de Vivienda en lo que los ‘populares’ creen que caracteriza la política de vivienda del Ejecutivo, que es que «hace muchos anuncios, pero la realidad es que esos hechos se traducen a cero», ha dicho en una entrevista en Radio Nacional.
Por su parte, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquilar (Asval) ha valorado que el plan supone «un paso en la buena dirección», pero ha señalado que «su impacto será limitado si no se refuerza la ambición presupuestaria, se desarrolla un modelo sólido de alquiler asequible incentivado y se alinea plenamente con el nuevo marco europeo».
Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha destacado que la falta de un pacto de Estado por la vivienda «lastra la eficacia» del nuevo plan y que la «falta de una dotación económica sólida, debido a la falta de Presupuestos Generales, condiciona la ejecución real y realista de las medidas».
