Madrid (EFE).- El número de hogares que poseen dos o más inmuebles en propiedad se disparó un 54 % en España entre 2008 y 2022, mientras que los que no tienen ninguna vivienda propia aumentaron un 63 % y los que poseen una sola se redujeron un 22 %.
Los propietarios de dos o más inmuebles son mayoría en España y ya se sitúan en el 51,7 % de quienes poseen vivienda en propiedad, frente al 46,1 % que había en 2008, justo antes de la crisis económica y financiera que condujo al estallido de la última burbuja inmobiliaria.
Así lo explica un informe elaborado por el Ministerio de Consumo en colaboración con el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IFS-CSIC), en el marco del Protocolo General de Actuación suscrito entre ambas instituciones, con los datos del Panel de Hogares que desarrolla la Agencia Tributaria.
Cambio en la estructura de propietarios
En los catorce años transcurridos entre 2008 y 2022 se ha notado un cambio en la tradicional estructura de propietarios en España, ya que, por ejemplo, en 2008 casi el 80 % de los hogares eran de propiedad, un porcentaje que se desplomó hasta el 63,9 % en 2022, dice el informe.
Este modelo tradicional se basaba en la premisa, socialmente asumida, de que las personas con empleo y salario estable podían aspirar a adquirir una vivienda en la que residir, una certeza -base del bienestar- que se empezó a debilitar después de 2008, añade.
Y es que, por un lado, aumentó el número de personas que no pueden permitirse la compra de una vivienda aunque tengan estabilidad laboral y salarial, y, por otro lado, cada vez menos personas acumulan más viviendas.
De esta forma, la vivienda deja de ser exclusivamente un bien destinado a satisfacer una necesidad básica (residir) para convertirse progresivamente en un activo de inversión y acumulación, como demuestran los datos del informe.
Casi un 20 % de los hogares son de alquiler
Asimismo, cada vez son más numerosos los hogares que viven de alquiler, que han pasado del 11,9 % al 19,2 %, al tiempo que los que son caseros —que poseen viviendas y las alquilan a otros— casi se han triplicado y han pasado de representar el 3,4 % al 9,8 % del total.
Si se excluye del análisis a los hogares que poseen viviendas destinadas al alquiler pero que, al mismo tiempo, viven de alquiler —por ejemplo, porque residen temporalmente fuera de su ciudad por motivos laborales—, el porcentaje de hogares arrendadores desciende del 9,8 % al 8,4 %, explica el informe.
Crece la concentración del patrimonio
Además, la estructura patrimonial se ha polarizado en España en tres direcciones simultáneas: entre 2008 y 2022, los hogares sin ninguna propiedad pasaron del 15 % al 22,1 % de la población; aquellos con dos o más propiedades crecieron del 26,8 % al 37,1 % y los que tienen una sola propiedad cayeron del 58,3 % al 40,9 %.
Según el informe, el crecimiento del parque inmobiliario -de unos dos millones de viviendas entre 2008 y 2025- no se repartió de forma equilibrada, sino que benefició principalmente a quienes ya acumulaban patrimonio.
Los propietarios de un solo inmueble redujeron su peso un 3,7 % pero quienes tenían entre seis y diez lo aumentaron un 51,6 % y los grandes tenedores —más de diez inmuebles— incrementaron su peso un 35,3 %.
El problema de la vivienda en España no es solo de oferta o de precios, sino que también es una cuestión de distribución del patrimonio, argumenta el informe.
En menos de dos décadas, dos millones de nuevos inmuebles no han ampliado el acceso a la propiedad, sino que han profundizado una estructura dual en la que la distancia entre quienes no tienen nada y quienes acumulan mucho no deja de crecer, añade.
Los datos muestran que cada vez más hogares quedan excluidos del acceso a la propiedad, mientras una proporción creciente de inmuebles se concentra en manos de quienes ya poseen varias propiedades.
Si esta tendencia continúa, la vivienda dejará de funcionar como un mecanismo de seguridad, de integración social y de acceso al bienestar para convertirse en una fuente de desigualdad persistente, advierte el informe, elaborado con datos de la Dirección General de Catastro y de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España.
