Madrid, (EFE).- El pleno del Congreso ha derogado este martes, con la mayoría que suman el PP, Vox y Junts y la abstención del PNV, el decreto ley que permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2 % las actualizaciones anuales de renta.
El decreto ley ha decaído por los 177 votos en contra que sumaron PP, Vox, Junts y UPN, frente a los 166 a favor de los grupos de la izquierda más CC y las cinco abstenciones del PNV, después de que la presidenta de la cámara baja, Francina Armengol, desalojara del hemiciclo a un grupo de inquilinas afectadas que proferían gritos de protesta.
Tras la votación, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado en los pasillos de la cámara baja que el Gobierno va a llevar este decreto al Congreso «las veces que hagan falta».
«Vamos a insistir hasta que sea realidad», ha prometido el ministro, que se ha mostrado convencido de que la derecha no ha dado «un solo argumento real para votar en contra» y que lo ha hecho por «tacticismo» y «cerrazón ideológica», lo que, en su opinión «va a pagar muy caro».
Fractura ideológica
El debate celebrado este martes en el pleno del Congreso sobre el decreto ley que prorroga los contratos de alquiler ha vuelto a evidenciar la fractura ideológica que existe en política de vivienda y la tensión entre el modelo intervencionista de la izquierda y el liberal o de mercado de la derecha.
El decreto ley que el Congreso ha derogado, y que había impulsado Sumar dentro del Gobierno, permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2 % las actualizaciones anuales de renta.
Afecta a más de un millón de contratos
La medida afecta a algo más de un millón de contratos y a unos 2,7 millones de inquilinos, la mitad de ellos concentrados en Madrid, Cataluña y Andalucía, según datos del Ejecutivo.
Prácticamente todos los grupos parlamentarios, a excepción de Sumar, coinciden en que la derogación abre un escenario de «inseguridad jurídica» para arrendadores y arrendatarios.
Algunos juristas coinciden en que la medida puede abrir una oleada de litigios sobre si las prórrogas solicitadas durante la vigencia del decreto siguen siendo válidas o se consideran nulas, ya que no hay doctrina al respecto.
Junts justifica su ‘no’ a la prórroga de alquiler porque «criminaliza» a los propietarios
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha explicado este martes que su formación mantiene su ‘no’ al decreto ley que prorroga los contratos de alquiler, porque a su juicio «castiga y criminaliza» a los propietarios y favorece a los fondos buitre.
Así lo ha expresado Turull en declaraciones a los medios tras participar en un encuentro organizado por la Unión Empresarial Intersectorial (UEI) en Granollers, mientras en el Congreso de los Diputados se debatía el decreto sobre alquileres.
Según Turull, los únicos beneficiados por el decreto serían los fondos de inversión, ya que se establece un límite de precio, pero no se permite variar el contrato anterior, y aquellos que ya superaban dicho límite quedan exactamente igual.
El secretario general de Junts ha considerado que la medida «castiga una vez más al pequeño propietario», por lo que aprobarla provocaría una disminución de la oferta de alquiler ya que, si «se les criminaliza», los dueños optarán por vender sus viviendas antes que ponerlas en el mercado.
El voto en contra de Junts, ha defendido Turull, tiene el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, proteger la propiedad privada y garantizar una «seguridad jurídica» para que más gente quiera poner pisos en alquiler.
«Cuando haces una política de vivienda en la que te cae más simpático un okupa que un propietario, vas al fracaso», ha sentenciado.
El PNV se abstiene
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha anunciado que su grupo se abstendrá esta tarde en la votación en el pleno del decreto ley que prorroga los contratos de alquiler.
Vaquero ha explicado, en una rueda de prensa, que esta abstención se debe a razones «formales y de fondo» y ha dicho que, si bien no duda de que la medida sea «bienintencionada», lo que se necesita para abordar la crisis de la vivienda son «acuerdos a medio y largo plazo».
También ha reclamado al Gobierno una «inmediata aclaración» sobre en que situación quedan los inquilinos que han pedido la prórroga si aún no ha terminado su contrato de alquiler.
Respecto a los motivos formales, ha sostenido que «no se puede hacer frente a la crisis de la vivienda recurriendo reiteradamente a la figura del decreto ley», porque de esa forma «no se busca el consenso, ni el debate».
A este respecto, ha recordado que las conversaciones se han dado «a posteriori», que un decreto ley no se pueden introducir enmiendas y que todos los decretos leyes que han pasado a ser proyectos de ley «se han quedado en el cajón de las prórrogas eternas».
