València (EFE).- La comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en Alicante citará al alcalde de Alicante, Luis Barcala, y a responsables autonómicos de Vivienda, pero no a la titular de la Conselleria, Susana Camarero.
Así consta en el plan de trabajo presentado por la mesa de la comisión y aprobado este viernes con los votos a favor del PP y Vox, y en contra del PSPV y Compromís, que pedían, entre otras cosas, la comparecencia de Camarero, del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y del expresident Carlos Mazón, que han sido rechazadas.
El plan que ha salido adelante es el presentado originalmente por Vox, en el que se han modificado un par de cuestiones relativas al tiempo de las comparecencias -se dará un turno final de 5 minutos a cada compareciente- y la elaboración del dictamen, tras un acuerdo con el PP, que ha renunciado a su propuesta de que no compareciera Barcala.
El diputado del PP Javier Gutiérrez ha defendido que su grupo no había citado al alcalde de Alicante porque consideraba que primero debía comparecer «en el ámbito de sus competencias, que es el Ayuntamiento», donde ya hay abierta una comisión de investigación.
Citaciones
Finalmente, la comisión citará, por parte de la Generalitat, a la jefa del Servicio Territorial de Vivienda, Concepción Morillas; el secretario territorial adjunto, Vicente Caturla; el funcionario del servicio Roberto Palencia; el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez, y el director territorial de la Conselleria de Vivienda en Alicante, Juan Manuel Galbis.
Del Ayuntamiento, citan al alcalde, Luis Barcala; al primer teniente de alcalde, Manuel Vilar, y a la concejala de Patrimonio, Nayma Beldjilali, además de varios exconcejales, el secretario general del Ayuntamiento y la jefa de servicio de Patrimonio.
También se llamará al exalcalde socialista Gabriel Echávarri y a adquirientes de viviendas, hasta un total de 81 personas; el formato de las comparecencias será tipo «pregunta respuesta», y la comisión tendrá un plazo de 12 meses para elaborar su dictamen, aunque serán ampliables.
El diputado del PP ha celebrado que hay un plan de trabajo «vivo y dinámico» que permite empezar a investigar lo ocurrido con estas adjudicaciones, y ha instado a alejarse «del ruido y de las insinuaciones» de la oposición, a la que ha acusado de venir con «el relato político» y «la sentencia» elaborada de antemano.
El diputado socialista Benjamín Mompó ha calificado de «burla a la Cámara y a la ciudadanía» esta comisión, en la que no se cita a los responsables del cambio normativo que, según ha dicho, permitió las irregularidades en las adjudicaciones de VPP: Carlos Mazón, Juanfran Pérez Llorca y Susana Camarero.
En la misma línea se ha pronunciado María José Calabuig (Compromís), quien ha acusado al PP y a Vox de «taparse las vergüenzas»; ha lamentado que acabe la sesión sin un calendario de comparecencias cerrado, y ha mostrado su temor de que esta comisión pueda cerrase sin que comparezca ni siquiera Barcala, como ha ocurrido con otras personas citadas en la comisión de investigación de la dana.
Desde Vox, Miguel Pascual ha celebrado que se inicien los trabajos de la comisión porque los ciudadanos deben conocer la verdad «cueste lo que cueste» y ha reprochado al PSPV y a Compromís que se quejen cuando no han presentado ni una sola enmienda al plan de trabajo propuesto.
