Washington (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos sancionó este jueves a la petrolera estatal cubana Unión Cuba-Petróleo (CUPET) -que se dedica a la extracción, refinamiento y producción de crudo en la isla- que, según Washington, incluye activos clave que fueron «expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses».
La empresa se incluyó hoy en la lista de OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU.) del Departamento del Tesoro que engrosa la relación de entidades del Gobierno y cargos cubanos sancionados por la nación norteamericana, donde está también su presidente, Miguel Díaz-Canel.

¿Por qué impusieron la sanción?
La compañía gubernamental es dueña de unos terrenos para almacenar combustibles que tienen como fin alquilarlos por una empresa importadora en negociaciones con la entidad Vanguard Energy, con sede en Florida, para exportar crudo a la isla, según medios internacionales.
Este miércoles, el Departamento de Estados de EE.UU. negó haber concedido una licencia a Vanguard Energy que evite el bloqueo impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde enero para evitar que petróleo extranjero llegue a la isla.
«Al igual que todos los recursos de la isla, la energía ha sido utilizada durante mucho tiempo por el gobierno comunista de Cuba como un arma, tanto para la represión como para alimentar la cleptocracia del régimen en beneficio propio», declaró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
Los recientes agregados a la lista OFAC
Rubio arremetió hoy contra la familia Castro -del exmandatario Raúl Castro- que también se encuentra en la lista de la última ronda de sanciones del 4 de mayo, que afectó al coronel Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl; a Lis Cuesta Peraza, esposa de Díaz‑Canel, y a Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente y quien reside en Madrid.

Además, las sanciones llegaron a Raúl Alejandro Castro Calis, nieto de Raúl Castro e hijo de Alejandro Castro Espín.
Para Rubio «los líderes comunistas de Cuba han desviado recursos energéticos para enriquecerse» al revender barriles, acaparar suministros para las fuerzas militares y de inteligencia y represivas.
Las sanciones implican la prohibición de realizar transacciones financieras y comerciales con las personas y entidades designadas, cuyos activos bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados.
Washington ha incrementado la presión sobre la isla para promover un cambio político hasta llegar a procesar en mayo a Raúl Castro, hermano menor de Fidel Castro, por su presunta responsabilidad en el derribo, en 1996, de dos avionetas de una organización del exilio cubano que causó la muerte de cuatro personas.
Al mismo tiempo, Washington y La Habana mantienen discretas negociaciones y recientemente cargos militares visitaron la isla.
El secretario de Guerra Estados Unidos, Pete Hegseth, viajó en la víspera a la bahía de Guantánamo donde aseguró, ante una posible captura de Díaz-Canel al estilo del expresidente venezolano Nicolás Maduro, que «todas las opciones están sobre la mesa».
Por su parte, el Gobierno de Cuba insiste en que cualquier cambio en el país debe ser decisión del pueblo cubano.










