Santa Cruz de Tenerife (EFE).- CCOO Canarias ha acusado este jueves al Gobierno autonómico de «comprar el relato a la patronal» sobre el absentismo laboral y de criminalizar a la clase trabajadora mientras se evita abordar problemas como la pobreza, los bajos salarios, la economía sumergida o las horas extra sin remunerar.
Todo ello en un contexto de crecimiento económico que, a juicio del sindicato, no se traduce en una mejor distribución de la riqueza, según ha esgrimido la secretaria general de CCOO Canarias, Vanessa Frahija Betancort, en la comisión parlamentaria de Derechos Sociales del Parlamento de Canarias.
Frahija Betancort ha señalado que el archipiélago «avanza a dos velocidades», con unos indicadores macroeconómicos positivos, pero con una mayoría social que continúa teniendo dificultades para llegar a fin de mes, acceder a una vivienda o desarrollar un proyecto de vida pese a contar con un empleo.
Según ha expuesto, el incremento de la riqueza no se ha acompañado de un reparto equitativo, lo que mantiene a Canarias entre las comunidades con los salarios más bajos del país, mientras el 20,79 % de la población ocupada permanece en riesgo de pobreza o exclusión social y más de la mitad de la ciudadanía sigue llegando con dificultades a fin de mes y la pobreza infantil continúa afectando a más de 90.000 menores en las islas.
La dirigente sindical ha defendido que el récord de recaudación tributaria registrado entre 2019 y 2025, impulsado en parte por la inflación, debería servir para reforzar el gasto social y compensar la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, en lugar de limitarse a medidas «cosméticas» y temporales.
Frahija Betancort ha insistido en que el crecimiento económico de Canarias convive con jornadas parciales involuntarias, récord nacional de trabajo en fines de semana, aumento de los accidentes laborales y una redistribución de la riqueza que, a su juicio, «brilla por su ausencia».
Sobre el absentismo laboral, la secretaria general de CCOO en Canarias, ha rechazado que se identifiquen como absentismo las bajas médicas, los permisos de maternidad o paternidad, los accidentes laborales y otros derechos reconocidos legalmente, y ha asegurado que la ausencia injustificada del puesto de trabajo «no llega al 1 %» en Canarias.
En este sentido, ha reprochado al Ejecutivo autonómico asumir el discurso empresarial mientras guarda silencio sobre el fraude derivado de la economía sumergida, las más de 32.000 horas extraordinarias semanales que, según el sindicato, no se pagan ni cotizan, o la derivación de pacientes desde las mutuas al Servicio Canario de la Salud, que contribuye a aumentar las listas de espera.
Asimismo, ha reclamado medidas para facilitar el acceso de los jóvenes de las islas no capitalinas a la universidad, ha criticado el impacto de la vivienda vacacional sobre el acceso a la vivienda residencial y ha pedido una redistribución más justa de la riqueza generada en las islas.
Por parte de los grupos parlamentarios, Elena Máñez, del PSOE, ha coincidido con la dirigente sindical en criticar que se centre el foco en el absentismo laboral en lugar de abordar las causas sociales que, a su juicio, deterioran la salud y las condiciones de vida de la población trabajadora, a la par que ha reclamado medidas para repartir la riqueza y aliviar las dificultades de acceso a la vivienda.
De Coalición Canaria, Cristina Calero ha afirmado que no cree «en las culpas, sino en las responsabilidades» y ha defendido las medidas impulsadas por el Ejecutivo canario para afrontar la emergencia habitacional, aumentar el parque público de vivienda y avanzar en la diversificación económica, aunque ha reconocido que aún son insuficientes.
María Isabel Saavedra, del Partido Popular, ha compartido la preocupación por las dificultades de acceso a la vivienda y por la desigualdad que afrontan los jóvenes de las islas no capitalinas para acceder a la universidad, al tiempo que ha reivindicado las políticas del Gobierno autonómico para ampliar la oferta de formación profesional y favorecer la creación de oportunidades laborales.
De Nueva Canarias, Yone Caraballo ha vinculado la pobreza al modelo de crecimiento turístico desarrollado en las últimas décadas y ha pedido replantear el desarrollo del archipiélago para evitar que el aumento de plazas alojativas siga tensionando el mercado de la vivienda y los servicios públicos.
Paula Jover (Vox) ha rechazado atribuir la precariedad a la patronal y ha argumentado que los problemas de vivienda y empleo responden a una combinación de políticas públicas fallidas, exceso de burocracia y una legislación laboral que, a su juicio, dificulta la creación de riqueza y puestos de trabajo.
Melodie Mendoza (ASG) ha apuntado en que el crecimiento económico convive con elevados niveles de pobreza y ha considerado que la prioridad debe ser generar empleo de calidad que permita desarrollar un proyecto de vida digno. EFE
