Madrid (EFE).- Los ministerios de Trabajo y Economía han acordado dejar la aprobación del reglamento que reforma el registro horario para septiembre, una vez solventadas las discrepancias entre ambos ministerios y a la espera de salvar los obstáculos del informe del Consejo de Estado a la vuelta del verano.
Ambos asuntos son los que han impedido que la norma saliera adelante antes del verano como estaba previsto y tal y como reclamaban los sindicatos.
El acuerdo alcanzado en el seno del Gobierno de coalición ha desencallado este real decreto emplazándose a la vuelta del verano para «solventar los obstáculos del Consejo de Estado», tal y como han confirmado a EFE fuentes del Ejecutivo y adelantaba este viernes El País.
Esta norma, que el Ministerio de Trabajo comenzó a tramitar hace un año busca reformar el actual registro horario para hacerlo digital, objetivo, fiable y accesible para la Inspección de Trabajo, con el objetivo de atajar así los más de 2,5 millones de horas extra sin remunerar ni cotizar que se realizan cada semana.
Informe Consejo de Estado
El pasado marzo el Consejo de Estado emitió un duro informe rechazando esta reforma bajo el argumento de que los datos a los que ha de acceder la Inspección de Trabajo son «personales» y no se justifica debidamente a quién se comunicarán y cómo se protegerán de eventuales riesgos de accesos no autorizados.
También consideraba que el decreto «no se limita a complementar o desarrollar lo preceptuado en la ley de cobertura, sino que impone nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores, rebasando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria».
Según unas estimaciones recogidas en el informe, la implantación del nuevo registro puede tener un coste de unos 868 millones para las pymes al calcular «55,4 euros de coste por trabajador al año» que se asumirá «para el 94 % de los 16.652.031 trabajadores, que están empleados en empresas medianas y pequeñas».
La norma se ha encontrado desde el principio con la oposición de la patronal CEOE, que anunció que la impugnaría y aludía a injerencias en asuntos de protección de datos, al tiempo que destacaba el coste que supondría para las empresas, sobre todo, las pymes.
También ha contado con reticencias de parte del Gobierno y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sugerido en varias ocasiones que sería conveniente dar a las pymes un plazo de un año desde la entrada en vigor para adaptarse a la normativa.
Los sindicatos CCOO y UGT dieron hace un mes un ultimátum al Gobierno para que la aprobara.
Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se había fijado el inicio de las vacaciones de verano como plazo máximo para sacarla adelante, ha dejado claro que el registro horario se aprobaría «aunque sea lo último que haga».
En cualquier caso, Díaz ya ha señalado en alguna ocasión que la norma mantendrá los elementos esenciales -que sea digital y accesible a la Inspección de Trabajo- y que las modificaciones pasarán por poner más énfasis en el respeto al tratamiento de datos y en la posibilidad de que la negociación colectiva sea una vía de colaboración en la adaptación del registro.
