Ciudad de Guatemala (EFE).- Un teleférico urbano de capital privado que ya se encuentra en construcción servirá desde 2027 al área metropolitana de la Ciudad de Guatemala, según las previsiones de los responsables del proyecto de 220 millones de dólares, que enfrenta dudas sobre la viabilidad de su funcionamiento y de su eficiencia para reducir el tráfico en la capital.
El AeroMetro, como se le ha llamado al nuevo sistema de transporte, es avalado por las municipalidades de Guatemala y Mixco, que le garantizan espacios para su desarrollo y operación, especialmente la de la Ciudad de Guatemala, cuyo alcalde, Ricardo Quiñónez Lemus, recibe a diario fuertes críticas por el tráfico de la urbe.
La obra se desarrolla en un área metropolitana que concentra a más de cinco millones de personas y enfrenta una severa crisis de tráfico, con trayectos hacia las periferias que pueden tomar dos horas o más, lo que obliga a la población a madrugar desde las tres o cuatro de la mañana para evitar el embotellamiento.
El funcionamiento de AeroMetro
En su diseño, el sistema AeroMetro recorrerá 8,9 kilómetros dividido en dos tramos para conectar la periferia del suroeste y el oeste de la zona metropolitana con el centro económico de la ciudad.
«El proyecto cumple con sus estudios, (los constructores contratados) son profesionales de renombre y han sido evaluados y validados», aseguró a EFE la coordinadora ejecutiva del sistema AeroMetro de la Municipalidad de Guatemala, Klamcy Solórzano.
La funcionaria explicó que el teleférico, otorgado en concesión por la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala a un consorcio conformado por la empresa local CableVía y la suizo-austriaca Doppelmayr, operará de forma intermodal con los autobuses urbanos y tendrá capacidad para movilizar a unas 374.000 personas al día.
Proyecto «sin aprobación»
Sin embargo, algunos sectores políticos denuncian irregularidades en el otorgamiento de la concesión a CableVía de Guatemala y Doppelmayr, así como la falta de avales técnicos obligatorios.
«La Dirección General de Caminos» del Ministerio de Comunicaciones «ha indicado que no hay ningún estudio geofísico, geológico, ni están aprobados los diseños finales de este proyecto», según explicó a EFE el diputado José Chic, de la bancada minoritaria Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).
Chic sostuvo que la falta de certeza técnica sobre el uso del derecho de vía estatal y los costos proyectados de hasta veinte quetzales (unos 2,60 dólares) para un viaje de ida y vuelta convertirán a esta infraestructura en un servicio inaccesible para la mayoría de los usuarios habituales del transporte público.
Dudas sobre el teleférico
Por su parte, el diputado Samuel Pérez, de la agrupación política Raíces, nacida del partido Semilla que llevó a la Presidencia a Bernardo Arévalo de León, calificó de «mediocre» el proyecto, que acusó de tener «orígenes ilícitos de corrupción y de dinero del narcotráfico».
Según Pérez, la concesión derivó de un dictamen ilegal emitido en la municipalidad capitalina por una persona sin nombramiento formal y señaló supuestos vínculos entre el consorcio constructor y «financistas del narcotráfico regional».
Agregó que entes como la Contraloría General de Cuentas rechazaron las denuncias al respecto debido a lo que definió como un blindaje político.
El presidente Arévalo de León se ha desvinculado del AeroMetro, aunque el Ministerio de Comunicaciones bajo su mando ya firmó una adenda con la Municipalidad de Guatemala para los derechos de vía.
Las críticas contra el proyecto también vienen desde la perspectiva técnica, al partir del hecho de que los teleféricos elevados carecen del alcance necesario para reemplazar el transporte terrestre, como explicó a EFE el investigador asociado del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) de la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala, Luis Rafael Valladares.
El investigador remarcó que los análisis del CEUR demuestran que las soluciones prioritarias para este corredor urbano debieron dar preferencia a carriles exclusivos para autobuses o a sistemas ferroviarios de superficie capaces de desincentivar el uso del vehículo particular.
