Madrid (EFE).- La CEOE ha reaccionado este martes al anuncio de huelga general por parte de CCOO y UGT, cuya legalidad cuestiona al considerarla «política» y que critica por convocarse en pleno proceso de elecciones generales.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, explicaba este martes que, a falta de conocer los detalles de la misma, «todo indica» que es «ilegal» porque, a su juicio, no hay un conflicto laboral detrás.
Los sindicatos CCOO y UGT acordaron ayer la convocatoria de una huelga general de 24 horas para este otoño, una movilización que pretende reivindicar salarios suficientes para acceder a una vivienda digna y cuya fecha definitiva ha de ser analizada aún con las organizaciones sociales y el Sindicato de Inquilinas.
CEOE y CEPYME advierten que analizarán la convocatoria
CEOE y CEPYME analizarán «la convocatoria definitiva, sus objetivos concretos, su ámbito y el cumplimiento de los requisitos legales, defendiendo la seguridad jurídica y el normal funcionamiento de las empresas», advertía en un comunicado.
Pero ya avanzaban que resulta «difícilmente justificable» utilizar la actividad de las empresas y de sus trabajadores «como tablero para influir en el devenir de un proceso que debería afrontarse desde el sosiego y la normalidad democrática».
«No hay que calentar las calles, no destruyamos lo que 50 años de democracia han construido», reclamaba el presidente de la CEOE, calificando la huelga de una «medida de presión» en pleno proceso electoral para «provocar cambios legislativos y de índole presupuestario en materia de vivienda».
«Las reivindicaciones que han motivado este anuncio de huelga general no son, en esencia, de naturaleza laboral», añade la CEOE.
UGT defiende la constitucionalidad de la huelga
Ante las críticas patronales, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha subrayado que la convocatoria de huelga está «plenamente insertada en el marco de la Constitución» y dejó claro que «vamos a llevarla adelante».
«Es necesaria la huelga general porque hay una pérdida del poder adquisitivo de los salarios» y no permiten «pagar el coste de la vivienda», ha dejado claro Álvarez, al igual que el secretario de CCOO, Unai Sordo, que ha abogado por llevar «esa tensión a la calle».
Desde el Gobierno han mostrado su respeto absoluto al ejercicio por parte de los sindicatos de un derecho constitucional, mientras que el PP, sin cuestionar la legalidad de la huelga, afean el momento en el que se ha convocado, en pleno proceso electoral.
Sánchez: respeto al «derecho constitucional»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dice que respeta «el derecho constitucional» a convocar una huelga general por «una cuestión que afecta a muchos trabajadores como es el acceso a la vivienda. «Desde el Gobierno lo único que podemos hacer es respetar ese derecho constitucional».
También desde el Ministerio de Trabajo han mostrado «absoluto respeto a todas las organizaciones sindicales y al derecho de huelga» y han considerado que «la vivienda es un problema esencialmente de los y las trabajadoras que hace que la huelga sea una respuesta que se inscribe en el ejercicio normal de este derecho constitucional».
PP cuestiona la huelga después de ocho años
Más críticos han sido desde la oposición. El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha dicho «alegrarse» de que los líderes sindicales «se hayan caído de la cama» ocho años después de que llegara al poder Pedro Sánchez, aunque duda de que se hayan caído «del lado correcto».
Los sindicatos deberían haberse manifestado «mucho antes» en defensa del mercado laboral y los problemas que aquejan a España, ha dicho Sémper, apuntando a «los nexos y la comunión que existe entre unos y otros», en referencia al Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO.
La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, también se ha referido a la oportunidad política de una convocatoria de huelga general que podría haberse celebrado igualmente hace cuatro años o hace ocho «porque la gente no vive peor de repente desde hace una semana».
Por el contrario, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha llamado a participar en la huelga general por la vivienda, como «un hito más en una movilización histórica para terminar con el modelo de la especulación que ha durado desde la Transición» y que, a su juicio, tiene como «sostén» al PP y al PSOE.
