Trabajos de ADIF en la zona del accidente ferroviario en Urda (Toledo).
Trabajos de ADIF en la zona del accidente ferroviario en Urda (Toledo). EFEÁngeles Visdómine/Archivo

El Congreso aprueba el decreto de seguridad ferroviaria y las ayudas a las víctimas de Urda (Toledo)

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Madrid (EFE).- La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este miércoles, con los únicos votos en contra de Vox, el decreto ley de medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad ferroviaria y la protección de sus profesionales, así como el paquete de ayudas para los afectados por el accidente de Urda (Toledo), en este caso por unanimidad.

El Gobierno, que aprobó el decreto de seguridad ferroviaria el pasado 10 de noviembre como respuesta a las reclamaciones sindicales tras el accidente de Urda, ha logrado su convalidación tras un debate en el que el PP ha vinculado los 116 fallecidos este año en los accidentes de Adamuz (Córdoba), Gelida (Barcelona) y Urda (Toledo) con la «corrupción» en el Ministerio de Transportes.

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Por su parte, los grupos de la izquierda han vuelto a llamar al Ejecutivo a repensar el modelo ferroviario español y a «recuperar» el control público del sistema, mientras que el PNV ha acusado al Gobierno de haber «necesitado varios accidentes para hacer algo que debería haberse hecho en 2020».

Ocurrido el pasado 28 de octubre en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, el accidente de Urda fue una colisión por alcance de un AVE de Renfe a un tren Iryo, que estaba detenido en la misma vía, y en él fallecieron 69 personas.

Equipos de rescate trabajan en Urda (Toledo). EFE/Ismael Herrero/ Archivo

Durante el debate, el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, que asumió las funciones de Óscar Puente como ministro de Transportes tras la dimisión de éste seis días después del accidente, ha destacado que con la nueva regulación la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria (AESF) tendrá mayor capacidad de supervisión del sistema del ferrocarril, que hasta ahora dependía de la buena voluntad de las empresas investigadas.

También ha resaltado que incluye una regulación más estricta de los tiempos de trabajo de los maquinistas, ya que el decreto fija con precisión el tiempo máximo de conducción, seis horas, en las que se incluye todo el tiempo en el que el trabajador es responsable del vehículo aunque no esté conduciendo (maniobras en movimiento, trabajos fuera de la red de interés general y pausas de menos de 45 minutos entre dos conducciones).

Poder de decisión de los maquinistas

El decreto, que modifica la Ley del Sector Ferroviario, permite que el personal con funciones de seguridad operacional pueda comunicar riesgos a través de canales internos o sistemas públicos de notificación que garanticen la confidencialidad.

También reconoce el derecho de los trabajadores a adoptar las medidas «necesarias» y «proporcionadas» ante situaciones de riesgo grave e inminente para la seguridad, con el fin de evitarlas o limitarlas, entre ellas la interrupción de la marcha de un tren o la decisión de no iniciarla, con la obligación de comunicarlo a los agentes correspondientes.

Asimismo refuerza las facultades de supervisión e inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y extiende los coeficientes reductores de edad de jubilación al personal de empresas ferroviarias que opera en líneas interoperables o en la Red Ferroviaria de Interés General, para igualar el tratamiento de quienes ejercen las mismas funciones.

La nueva regulación incluye además un artículo, que entrará en vigor el 11 de mayo de 2027, para que las empresas ferroviarias y los administradores de infraestructuras puedan adaptar el diseño de sus gráficos de conducción y otros condicionantes de la organización del trabajo de los maquinistas a las nuevas condiciones establecidas.

Ayuda directa de 72.121 euros por fallecimiento

En cuanto al decreto ley que regula las ayudas directas para los damnificadoos por el accidente de Urda, estas ascienden a 72.121,46 euros por fallecimiento y entre 2.404,04 euros y 84.141,7 euros por lesiones y permite anticipos por las mismas cuantías por las eventuales indemnizaciones que pudieran recibir, sin que sea necesario devolver la diferencia si la indemnización es menor.

Además, el decreto establece que las bajas laborales derivadas del accidente tendrán la consideración de accidente de trabajo -lo que garantiza recibir la prestación desde el primer día y mejores cuantías-, un beneficio que también se aplica a pensiones de incapacidad, muerte y supervivencia y de incapacidad permanente parcial.

En la defensa de la norma, Cuerpo ha destacado que estas ayudas, de carácter «complementario», pretenden simplificar y agilizar los procesos para que los recursos «lleguen de manera inmediata» a los afectados sin tener que esperar a que se resuelvan los procedimientos judiciales abiertos.

El decreto incluye también un mecanismo para limitar la subida de los precios de ciertos bienes y servicios -como transporte alternativo o alojamiento- cuando se producen situaciones de emergencia, un mecanismo que, ha detallado el ministro, no ha sido necesario activar tras la tragedia de Urda.