Caracas (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó este jueves 55 de los 130 artículos del proyecto de la ley de minas y acordó aplazar, como la semana pasada, la segunda discusión necesaria para aprobar este instrumento jurídico, que podría abrir el sector a la inversión privada y extranjera ante el interés expreso de EE.UU. en el oro venezolano.
Durante una sesión ordinaria, transmitida por el canal de la AN en YouTube, el Legislativo -controlado por el chavismo- decidió posponer la discusión por sugerencia del diputado Orlando Camacho, del Movimiento Somos Venezuela.
«Revisando todo lo que se ha avanzado hoy y en vista de que aún tenemos temas que abordar (…) para que esta ley quede robusta, tal cual nos pidió la presidenta encargada (Delcy Rodríguez), solicito que se difiera para una próxima sesión el seguimiento de esta ley», pidió Camacho.
Entre los artículos leídos este jueves destaca el 36, que indica que el Estado, «por razones de interés público y carácter estratégico, se podrá reservar la actividad primaria de la minería de minerales radioactivos, así como su aprovechamiento, beneficio y comercialización de sus productos y subproductos».
El debate comenzó con el artículo 13, después de que hace una semana los diputados aprobaran los primeros 12 de los más de 120 que tiene esta ley propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien, además espera, que se apruebe esta semana.
Los diputados deben debatir artículo por artículo antes de aprobar de manera definitiva la ley, presentada hace dos semanas por el diputado Orlando Camacho, quien propuso el último diferimiento.
Venezuela busca cambiar su ley de minas tras 27 años
Entre los artículos leídos en la sesión de la semana pasada, destaca el 11, que en su numeral 5 establece que el Ministerio de Minas tiene competencias para promover la inversión privada, nacional y extranjera en un marco jurídico que brinde «seguridad jurídica».
En la ley se señala, igualmente, que las actividades mineras podrán ser ejercidas por personas naturales que practiquen la minería artesanal de manera individual.
Además, en el artículo 9 la norma dice que las partes podrán acordar que «las dudas y controversias de cualquier naturaleza», siempre que no puedan ser «resueltas amigablemente», se podrán decidir a través de los tribunales de Venezuela o mediante «mecanismos alternativos de resolución de controversias», incluyendo la mediación y el arbitraje.
De recibir el aval parlamentario, esta iniciativa reemplazaría a la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por el entonces presidente Hugo Chávez -fallecido en 2013-, a través de un decreto tras recibir poderes especiales por parte del Legislativo.
Interés de EE.UU.
La ley llegó al Parlamento días después de la visita del secretario de Interior de EE.UU., Doug Burgum, a Caracas, donde se reunió con la presidenta encargada.
Burgum aseguró entonces que empresas estadounidenses relacionadas con minería están «deseosas» de operar en Venezuela.
Ese mismo día, se conoció que funcionarios estadounidenses negociaban con la compañía minera estatal de Venezuela, Minerven, un acuerdo multimillonario para vender hasta una tonelada de oro destinada al mercado del país norteamericano, valorada en unos 165 millones de dólares.
Tras la visita de Burgum, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses, un sector que hasta ese momento estaba sujeto a sanciones.
El Parlamento aprueba una ley para acelerar trámites
Por otra parte, la AN aprobó durante la sesión una ley orgánica para acelerar y simplificar los trámites y procedimientos del Estado, impulsada por la presidenta encargada y apoyada por el Gobierno de Estados Unidos.
La norma se aprobó por unanimidad y su texto se remitió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que se debe pronunciar sobre el carácter orgánico de la legislación.
El parlamentario pidió que esta ley «sirva y contribuya para acabar con el viacrucis» que, a su juicio, sufre la población venezolana al hacer trámites administrativos en instituciones y organismos del Estado.
Integrada por 12 artículos, la ley tiene el objetivo de simplificar las gestiones ante el Estado para mejorar la eficiencia y eficacia de las instituciones públicas, así como «superar los trámites y procedimientos administrativos burocráticos, innecesarios, inútiles, impertinentes o complejos».
Entre otras cosas, la ley otorga a la Presidencia Ejecutiva la atribución de «suspender, reducir, modificar o suprimir» cualquier tipo de trámite, procedimiento, requisito o permiso para agilizar procesos, también puede ordenar la digitalización de trámites o crear normativas para la uniformidad de estas gestiones.
