Buenos Aires (EFE).- Un juzgado de Argentina declaró este martes la inconstitucionalidad de un decreto firmado en 2025 por el presidente, Javier Milei, para frenar la aplicación de la ley aprobada por el Congreso para mejorar los fondos destinados a las universidades.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo de Martín Cormick, hizo lugar a los reclamos presentados por las universidades nacionales contra el decreto 759 de octubre de 2025 en el que Milei promulgó la ley 27.795 -impulsada por la oposición- pero la suspendió hasta tanto el Congreso no aclarara la fuente de financiamiento para ella.
El fallo de Cormick afirmó que «la propia Ley N° 27.795 (Financiamiento Universitario) establece pautas, en su artículo 9°, sobre cómo financiar lo establecido en la ley». Agregó que «el decreto 759/25 no supera un test mínimo de razonabilidad».
Estrategia judicial
Medios argentinos informaron en la tarde del martes que el Ejecutivo de Milei elabora una estrategia judicial para apelar la decisión del juzgado.
En 2024, el Congreso aprobó una ley que dispuso destinar más fondos a las universidades y actualizar los salarios del sector, golpeados por la elevada inflación, pero Milei vetó la norma bajo el argumento de que comprometía el objetivo de ‘déficit cero’ de su Gobierno.
En 2025, el Parlamento volvió a aprobar una norma similar (la 27.795), Milei la vetó, pero el Congreso revirtió el veto.
El presidente argentino finalmente promulgó en octubre pasado la ley, pero decretó que no la aplicará hasta que el Parlamento indique la fuente de financiación para afrontar el gasto ordenado por la norma. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades, acudió entonces a la Justicia.
Durante diciembre pasado, el juez Cormick dictó una medida cautelar que ordena al Ejecutivo a cumplir con la ley.
En marzo pasado, un tribunal de alzada confirmó esa medida, pero el Gobierno presentó un recurso ante la Corte Suprema que el máximo tribunal rechazó este jueves. En febrero último, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que modifica la norma aprobada en 2025, pero las universidades rechazan la iniciativa.
El presupuesto para las universidades
De acuerdo con un informe elaborado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), el presupuesto para las universidades de Argentina cayó este año al 0,428 % del PIB -su menor nivel desde 1989-, desde el 0,526 % en 2025 y el 0,718 % en 2023, justo antes de la llegada de Milei al Gobierno.
Una de las aristas más afectadas por esta caída es la de los salarios en las universidades nacionales, que han sufrido un fuerte recorte en términos reales desde que Milei asumió la Presidencia.
El acceso a la educación universitaria pública en Argentina es gratuito para los estudiantes desde 1949 y muchas de las 57 casas de altos estudios nacionales financiadas por el Estado gozan de buena reputación académica.
La gratuidad ha permitido a grandes sectores de la población acceder a estudios universitarios en el país suramericano, donde la incidencia de la pobreza es mayor a la media entre los jóvenes.
El peso de la educación superior pública es notorio: de acuerdo con las más recientes cifras oficiales disponibles, en 2023 había 555.753 alumnos matriculados en la educación universitaria privada y dos millones en universidades nacionales estatales.
