El PSOE no presentará voto particular al dictamen de Cerredo

Oviedo (EFE).- El grupo parlamentario socialista no presentará finalmente voto particular al contenido del dictamen de la comisión de investigación del accidente minero de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores y que será elevado al pleno de la Cámara de la próxima semana para su aprobación, según han informado a EFE fuentes parlamentarias.

El texto, con el que los socialistas habían mostrado sus discrepancias, fue respaldado en la comisión por el resto de grupos e incluye la exigencia de responsabilidades que deben concretarse en ceses y dimisiones y de ayudas a las víctimas de ese siniestro y a las del registrado en la misma explotación en 2022.

Una vez finalizado a las 14:00 horas de este martes el plazo para la presentación de votos particulares, que se debatirán en el pleno junto al resto del dictamen, finalmente sólo se ha registrado la iniciativa de este tipo planteada por el grupo parlamentario de IU/Convocatoria por Asturias, socio del PSOE en el Gobierno regional.

El voto particular de la coalición es, según su portavoz, Xabel Vegas, «concurrente» con el dictamen aprobado al estar de acuerdo en lo esencial con el texto, pero pide incluir en el mismo una alusión a la responsabilidad política del Ayuntamiento de Degaña, y en particular de su alcalde, dado que en ese ámbito concurrían competencias propias de control de actividades, de disciplina y verificación en su ámbito.

IU/CA plantea además que el dictamen incorpore un informe jurídico de los letrados de Cámara para reforzar la seguridad jurídica del texto dado que, al atribuir responsabilidades tanto a cargos públicos como a funcionarios de la administración autonómica, se transita «por un terreno delicado» basándose en los criterios del Tribunal Constitucional.

Para Vox, el voto presentado por IU ha constituido una sorpresa y ha cuestionado la utilidad práctica de una figura que, según su diputado Gonzalo Centeno, se presenta cuando existe una discrepancia o contradicción respecto al texto aprobado «con lo que parece más una iniciativa destinada a hacerse notar».

El texto exige responsabilidades políticas que deberán sustanciarse «y no limitarse a quedar reflejadas en un papel sino conllevar ceses» para cuatro ex consejeros del Gobierno regional -Belarmina Díaz, Isaac Pola, Enrique Fernández (presidente de Hunosa) y Nieves Roqueñí (presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón)- y para tres altos funcionarios del Principado, dos jefes de servicio y un secretario general técnico.

Esa mención a los empleados públicos fue cuestionada por los letrados de la Cámara y los grupos buscaron una redacción que evite el riesgo de que la Junta General vuelva a ser amonestada por el Tribunal Constitucional (TC) como ya ocurrió con la comisión que investigó al Gestor de Infraestructuras por vulnerar su derecho a la presunción de inocencia en caso de que presenten un recurso de amparo.

El texto consensuado por todos los grupos salvo el PSOE incorpora también la exigencia de habilitar una línea de ayudas específica para las víctimas de los accidentes registrados en mina de Cerredo en 2022 y 2025 -seis muertos y un herido grave- sin que tenga la consideración de adelanto de las indemnizaciones que pudieran corresponder a las familias de los fallecidos y al trabajador herido. EFE