Madrid (EFE).- El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido mantener su decisión del lunes de frenar la tramitación en el Senado de la reforma judicial que propone el Gobierno y ha desoído la petición de la Fiscalía de apartar a dos de sus miembros -ambos conservadores- antes de votar este miércoles.
La decisión hace que continúe paralizada la tramitación de las dos enmiendas parlamentarias sobre el Poder Judicial y el propio Constitucional introducidas por PSOE y Podemos con el objetivo de desbloquear su renovación. Ambas vieron luz verde en el Congreso de los Diputados y estaba previsto que se sometieran a votación este jueves por el Senado, pero no podrán hacerlo.
Fuentes jurídicas han informado de que el Pleno ha rechazado por seis votos a cinco la impugnación del Senado y las recusaciones formuladas por la Fiscalía contra el presidente Pedro González Trevijano y el magistrado Antonio Narváez, ambos del bloque conservador.
De esta forma, todo sigue igual que el lunes, y los magistrados del bloque conservador han vuelto a imponer su mayoría de seis a cinco en una única votación para rechazar la impugnación del Senado así como las recusaciones, tras un intenso debate de casi cuatro horas.
La Fiscalía había pedido al tribunal que apartara a los dos magistrados del bloque conservador del Pleno ante “la incuestionable vinculación directa” de ambos “con el objeto de tramitación parlamentaria sobre la que se proyecta el recurso de amparo” del PP.
Un tribunal fragmentado entre conservadores y progresistas
Dada la fragmentación del tribunal en este asunto, si se hubieran apartado esos dos magistrados, los números habrían sido favorables al sector progresista, por cinco a cuatro, por lo que esta cuestión resultaba crucial para revertir la decisión que el tribunal adoptó el lunes y permitir así al Senado incluir estas enmiendas en la votación del jueves.
Sin embargo, no ha sido así. Fuentes jurídicas informan a EFE de que tanto Trevijano como Narváez han asegurado que no se dan por concernidos y, además, han defendido que no tienen interés directo ni indirecto en el procedimiento en respuesta a la petición tanto del Ministerio Público como de Unidas Podemos.
Por otra parte, las fuentes avanzan que González Trevijano no convocará un pleno para examinar los requisitos de los dos jueces designados para el Constitucional por el Gobierno, Juan Carlos Campo y Laura Díez.
Hasta la fecha, la posición del Constitucional al respecto era la de esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) votara los nombramientos este jueves 22 de diciembre – como estaba previsto antes de que estallara toda esta polémica- y convocar un pleno par dar el plácet a los cuatro una vez recibidos los nombres del CGPJ.
Pero, a propuesta de los vocales conservadores, el Consejo adelantó la votación a este martes en un pleno extraordinario que fracasó en su intento de nombrar a los dos magistrados para el Tribunal Constitucional, al no conseguir la mayoría para ninguno de los tres candidatos propuestos, por los vetos cruzados de los progresistas y conservadores a los aspirantes del otro.
Los magistrados del Supremo César Tolosa y Pablo Lucas obtuvieron 10 votos, todos de los vocales conservadores que les habían propuesto; y su compañero en el alto tribunal José Manuel Bandrés, los siete de los progresistas.
