Madrid (EFE).- Los letrados de la administración de Justicia (LAJ) y el ministerio dirigido por Pilar Llop afrontan este viernes su segunda reunión para tratar de poner fin a la huelga indefinida que empezó hace justo un mes y que ha supuesto la cancelación de más de 200.000 juicios y vistas en toda España según los convocantes.
Tras un primer encuentro que se extendió durante toda la madrugada del jueves al viernes pasado y que acabó sin acuerdo y con un clima todavía más bronco entre las partes, los letrados acudirán a las diez y media de esta mañana “con la mejor de las voluntades” al ministerio de Justicia para un segundo encuentro limitado, en principio, a una hora y media.
Seis miembros del comité de huelga acudirán a la reunión presidida esta vez por el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, según han confirmado a EFE fuentes del ministerio.
“La reunión que tuvimos el jueves anterior fue una pantomima”, denunció este miércoles en rueda de prensa Patricia Gimeno, miembro del comité, que reclama que sea la propia Llop quien asuma la dirección de las negociaciones.
La ministra pidió ayer a los antiguos secretarios judiciales que dejen atrás “posturas maximalistas” para alcanzar un acuerdo que permita desconvocar una huelga “que está causando mucho daño” a los ciudadanos y a los profesionales del sector.
Entre las peticiones de los huelguistas, que se sienten “engañados” por el ministerio, Llop hizo referencia a su principal exigencia: la llamada cláusula de enganche, que permitiría referenciar el sueldo de los letrados al de jueces y fiscales para que los primeros no cobren nunca menos del 85 % respecto a los otros dos operadores jurídicos.
Por su parte, el secretario de Estado de Justicia, interlocutor de los letrados en la primera reunión, apeló el miércoles a la “sensatez” de los funcionarios, a los que considera “privilegiados” por sus sueldos, que crecerán de media un 14,76 % en tres años.
El Pleno del Congreso aprobó ayer jueves varios puntos de una moción del PP por los que se insta al Gobierno a la pronta resolución del conflicto con los LAJ, con los votos en contra de PSOE y Podemos.
